La madrugada de este martes, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como los artículos no reservados, con el fin de hacer eficiente el gasto público y eliminar privilegios.
De acuerdo con los legisladores de Morena, con esta ley se formaliza la eliminación de las pensiones para los ex presidentes de la República, se prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación, se congela la apertura de plazas en la administración pública federal y se prohíbe a funcionarios de mando superior contratarse en la iniciativa privada hasta 10 años después de dejar el servicio público, si tuvieron acceso a información privilegiada, supervisaron o regularon a la empresa.
La discusión empezó a las 02:00 horas de este martes, cuando se entregó a la Mesa Directiva el dictamen.
Después de que se registraron un total de 103 votos, 74 a favor y 29 abstenciones, del PRI y del PAN, principalmente, se procedió a la discusión en lo particular y la presentación de 44 reservas, para lo cual se registraron 15 oradores.
Tras debatir, los legisladores avalaron la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas reformas y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de no aceptarse reservas o adiciones, pasará al Ejecutivo. De lo contrario, el dictamen se regresará a la Cámara de Diputados.
Desde los posicionamientos, los partidos de oposición PAN, PRD y PRI plantearon las inconsistencias del dictamen que se presentó, y se habló de que para aplicar una política de austeridad se necesita un bisturí, no un machete que haga recortes sin basarse en estudios.
La senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, planteó que al haberse aprobado con tanta rapidez un dictamen en sus términos, después de que no se tomaron en cuenta días y horas de trabajo, donde ya se había logrado un consenso de más de 70 por ciento, se tendrá que lidiar con los errores de la prisa, ya que esta legislación podrá ser motivo de presentación de diversas controversias constitucionales.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García, destacó que el dictamen se contrapone a la jurisprudencia emitida por la Corte.
Además, apuntó, se contradice el dictamen de libre empleo, preceptos de inviolabilidad de división de poderes, porque invade atribuciones y puede ser impugnada ante la Corte.
La senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez, señaló que esta ley no toma en cuenta las normas de transparencia, pues observa que los recursos que se obtengan de la política de austeridad se podrán utilizar de forma discrecional para impulsar programas sociales por parte del Ejecutivo federal, lo que calificó de “entregar un cheque en blanco”.
El priista Carlos Ramírez Marín y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, coincidieron en que la discusión es ilegal, pues de acuerdo con el reglamento, no debería de haberse aceptado, pues el dictamen no tenía una votación absoluta, sino que incluso se registró un empate.
Antes, el senador de Morena Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expuso los alcances de esta legislación que prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos.
Asimismo, dio a conocer que las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación.
También se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado.
Se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos.
La Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular las medidas mencionadas.
Con relación al comportamiento austero y probo de los servidores públicos, se establece que se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos.
Por ningún motivo deberán autorizarse bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Tampoco se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Con información de Aristegui noticias
