Derivado del acuerdo bilateral, firmado en el mes de junio de este año entre los gobiernos de México y Estados Unidos para contener la migración centroamericana que transita por territorio nacional, se han implementado una serie de acciones que han incrementado las violaciones de derechos humanos a personas migrantes en nuestro país. Es así que diferentes organizaciones y agrupaciones en San Luis Potosí nos sumamos y apoyamos las siguientes preocupaciones de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante- Programa de Cáritas S.L.P. y el Centro Potosino de Estudios Migratorios y manifestamos lo siguiente:
Los derechos humanos de las personas son innegociables. Consideramos que el gobierno federal ha subordinado la dignidad de las personas migrantes a los intereses económicos del país vecino del norte.
Esto lo vemos reflejado en las políticas migratorias de hostilidad y de militarización que se han recrudecido en el último mes y cuyas consecuencias incrementan la vulnerabilidad de las personas migrantes, a quienes se le obstaculiza el derecho al libre tránsito.
El Instituto Nacional de Migración ordenó a las empresas de transporte terrestre exigir a todas las personas, como requisito obligatorio, una identificación oficial y documento migratorio vigente para poder viajar. Esto además de violar los derechos humanos, conlleva graves consecuencias:
- Obliga a las y los migrantes a buscar rutas alternativas más peligrosas que incrementan su vulnerabilidad, dejándolos a expensas del crimen organizado, siendo así víctimas de delitos como trata de personas, tráficos de migrantes, entre otros.
- Con respecto a que las empresas de transporte terrestre nacional exijan un documento migratorio para proporcionarles el servicio, es un hecho violatorio tanto de la Ley de Migración como de su Reglamento donde en ningún momento se hace referencia a ésta “función/ acción”.
- Afecta también a personas en contextos de movilidad interna, como personas migrantes deportadas, jornaleras agrícolas, desplazadas internos y a la ciudadanía en general.
Asimismo, se han incrementado las detenciones arbitrarias por parte de policías ministeriales, municipales, estatales, federales e incluso del ejército y de la ahora llamada Guardia Nacional quienes realizan operativos no sólo en los puntos de revisión migratoria autorizados sino también en veredas y caminos secundarios. A esto habría que añadirle que a excepción de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), las demás autoridades no tienen estas facultades, o al menos no están fundamentadas en la ley.
Existe también un hacinamiento y condiciones no adecuadas en las estaciones migratorias del país derivado de la cantidad de personas repatriadas, que rebasan la capacidad de las instituciones en el país., eso no excluye la estación migratoria del estado. Al mismo tiempo, a los solicitantes de refugio se les está negando el principio de la no devolución.
Nos preocupa la intención del gobierno federal de crear un Centro de Transferencia en San Luis Potosí, al que llegarán personas migrantes aseguradas en la frontera norte. Para este proyecto no existe evidencia de una planeación estratégica, de infraestructura, análisis de contexto, ni personal capacitado para su funcionamiento. Tampoco se ha dejado claro el nivel de competencia en caso de instalarse de cada autoridad, así como el nivel de intervención de las organizaciones de la sociedad civil.
No podemos dejar de señalar la creciente xenofobia fomentada por los discursos de actores gubernamentales y legisladores a nivel nacional y estatal, pese a que la comunidad potosina se ha caracterizado por la hospitalidad, solidaridad y acompañamiento a personas migrantes.
Las organizaciones firmantes estamos convencidos de nuestra responsabilidad como personas defensoras y acompañantes, por lo que seguiremos en nuestra labor de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes nacionales e internacionales, refugiados y solicitantes de asilo en nuestra ciudad.
Consideramos que hay una simulación en la protección de los derechos humanos por parte del gobierno federal. Por tanto, hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que reconsidere sus decisiones en política migratoria y que estas se basen en el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México, los derechos plasmados en nuestra constitución política federal, anteponiendo la dignidad de las personas.
En ese sentido las organizaciones y personas firmantes pedimos:
- Que las instancias de gobierno a nivel estatal y municipal en concordancia generen acciones de capacitación y formación a su respectivo personal en materia de derechos humanos y laborales de personas migrantes nacionales e internacionales en condición de tránsito y/o asentamiento en el territorio potosino, a fin de evitar la revictimización, discriminación y xenofobia.
- Por otro lado, instamos a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar campañas de información y concientización a la ciudadanía en general distribuidas en las cuatro regiones del estado, a fin de promover, integrar, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de las personas migrantes nacionales e internacionales, contribuyendo a un estado incluyente y libre de discriminación y xenofobia.
- Asimismo, pedimos la capacitación en temas de derechos humanos y perspectiva de género para el personal de INM.
- La clarificación respecto a la instalación del Centro de Transferencia que se pretende instalar en San Luis Potosí en caso de que sea colocado, nos urge conocer las competencias de cada instancia de gobierno estatal y federal en el tema de movilidad humana que garantice el respeto a su dignidad de las personas migrantes.
- Por último, es importante conocer en el marco de la posible instalación del Centro de Transferencia, el nivel competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Organizaciones firmantes en San Luis Potosí: Comisión de Pastoral Social, Arquidiócesis de San Luis Potosí; Casa de la Caridad Hogar del Migrante- Programa de Cáritas San Luis Potosí; Centro Potosino de Estudios Migratorios, A.C.; Colectivo “NOMADAS SIN RUMBO”; Centro de Derechos Humanos Samuel Ruíz, A.C. Proyecto Coyote; Clínica de Litigio Estratégico en Derechos humanos de la UASLP”; Respuesta Alternativa, A.C.; Animus Novandi, A.C. Personas independientes: María Mayela Blanco Ramírez; Tania Belinda Jiménez Langarica; Pbro. Alejandro Olayo-Méndez SJ; Martha Rivera Sierra; SJ; Equipo de Voluntarias (os) de la Universidad Ibero León;
