El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, se pronunció contra el exhorto que el Senado hizo al Congreso local para dejar sin efecto la ampliación de su gubernatura de dos a cinco años.
En un comunicado enviado ayer, el morenista exigió que “el centro (del país) respete las decisiones de los 21 legisladores que tomaron la decisión”.
Destacó que “el Congreso de Baja California es la máxima autoridad política y sus decisiones, como la contenida en el Decreto 112, relativo a la reforma a dicho precepto, son en cumplimiento a sus atribuciones como representantes populares legalmente electos para legislar”.
Si los diputados del PAN, PRI, MC, Transformemos (antes PES), Partido de Baja California e independientes votaron por ese cambio, es por “el triunfo arrollador de las fórmulas de candidatos abanderados por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, encabezada por Morena, indicó en el documento.
En tanto, el ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, acompañado de la dirección de su partido, interpusieron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable, por la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla, que calificaron de “arbitraria”.
Ángel Ávila, integrante de la dirección perredista, detalló que la denuncia se basa en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, “se especula que se pudo dar un millón de dólares por voto, por cada uno de los legisladores, esto a propia voz del presidente del Congreso estatal”, sostuvo.
Y ADEMÁS PIDEN A DIPUTADOS PUBLICAR REFORMA
Los legisladores de Baja California deben ser quienes concluyan los trámites a la reforma constitucional de la ampliación de dos a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla, así lo señaló el diputado electo del PT en el distrito 7, Julio César Vázquez Castillo. “Lo más viable es que ellos lo hicieran porque está aún dentro de su periodo”, argumentó.
Los exhortó a sesionar y cumplir con la publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado para que se dirima en los tribunales y no dejársela a quienes nada tienen que ver con ese tema.
Con información de Milenio
