Ejidatarios, colectivos e integrantes de la comunidad wixárika en el Altiplano Wirikuta, en San Luis Potosí, denunciaron que fueron excluidos de una asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, en la que junto con funcionarios del gobierno estatal y municipal se discutirían las amenazas al territorio y a la población de la región como la explotación indiscriminada de peyote, la pobreza y la falta de agua.
«De manera ventajosa y agresiva se atreven a cerrarnos las puertas de inmuebles públicos, excluyéndonos de la toma de decisiones sobre las actividades productivas y megaproyectos que ellos pretenden legitimar como la minería, la agricultura industrial y la construcción de la represa La Maroma», acusaron los wixárikas, quienes agregaron que en la asamblea únicamente participó «una delegación de huicholes pertenecientes sólo a la comunidad de San Andrés Cohamiata del norte de Jalisco, la que tampoco representaba a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales».
«Vemos con preocupación e interés al mismo tiempo que un reducido grupo de personas tome decisiones de manera cerrada y bajo un hermetismo tal que expresa la violencia y el desagravio tanto de los servidores públicos de las dependencias gubernamentales como de quienes se autodenominan representantes del pueblo cuando tampoco todos ellos son ejidatarios», agregaron.
A continuación el comunicado completo:
A la opinión pública
A los medios de comunicación libres, autónomos e independientes
A los medios locales y estatales
A los servidores públicos del estado de San Luis Potosí
A las dependencias federales de ecología, agua, pueblos indígenas, desarrollo rural, economía, minería y ambiente
A los pueblos, mujeres y colectividades que luchan
A todas las personas que habitan y transitan en el Altiplano potosino
Al pueblo wixárika, a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, al Consejo Regional Wixárika para la defensa de Wirikuta
EL CUIDADO COMÚN DEL ALTIPLANO WIRIKUTA
El pasado 27 de julio se realizó en Estación Catorce, municipio de Catorce en el estado de San Luis Potosí, la asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte. Esta es la segunda asamblea convocada por esa agrupación en la que se toman acuerdos signados por el notario Manuel Zapata Arce de la Notaría Pública No. 1 de la Ciudad de Salinas de nuestro estado.
La intención de esta asamblea fue, según su propia convocatoria:
“exponer la problemática que aqueja al Altiplano potosino dentro del ANP de Wirikuta como es la explotación indiscriminada del peyote, falta de cumplimiento y atención a lo estipulado en el Plan de Manejo de 2008 en el ANP de Wirikuta, falta de empleo, migración a sus pobladores, falta de proyectos productivos de inversión, falta de infraestructura hidráulica para resolver el problema de falta de agua para fines agropecuario/humano y ayudar en la resolución del amparo 819/2011 que está impidiendo la inversión en la región y por consiguiente la falta de generación de empleos”. (Convocatoria firmada por la Unión de ejidos de la región Chichimeca del Altiplano Norte y la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales”.
Cabe decir que a dicha reunión también fueron invitadas las instituciones de gobierno, entre ellos el gobernador del estado, los presidentes municipales dentro del ANP de Wirikuta, diputados federales y locales del Distrito 1, SEGAM, INPI, SEMARNAT, Procuraduría Agraria, SAGARPA, Secretaría de Economía, Dirección de Minería, Comisión Estatal de Agua y Juez 4º. De Distrito de SLP; de todos ellos no se presentaron los primeros, o sea gobernador ni presidentes municipales.
Los temas sociales, económicos y culturales que se trataron en la reunión son de interés público, por tal motivo acudimos un grupo de habitantes de los municipios de Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de Guadalupe, Santo Domingo y Matehuala. Entre nosotros hay maestros, jóvenes, ejidatarios, ciudadanos, pequeños productores y congregantes de distintas parroquias de nuestra región Altiplano potosino, a quienes nos fue negado el acceso de manera tajante al salón municipal de Catorce cuyo portón fue cerrado con candado mientras la reunión se llevaba a cabo.
Las personas que controlaron el ingreso y los miembros de la Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano Norte nos expresaron reiteradamente que la reunión era solo para ejidatarios, huicholes y personas de las dependencias de gobierno. Ante nuestra insistencia, solo recibimos su respuesta agresiva y rotunda: “no los vamos a dejar entrar”.
Insistimos en saber y pedir información sobre lo que ahí se iba a tratar pues esos asuntos conciernen a todas y todos los que habitamos la región Altiplano que además no se concreta a un puñado de municipios y de personas pues la región Altiplano consiste de 15 municipios: Catorce, Charcas, Cedral, Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Hidalgo y Villa de Guadalupe, la propia Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí reconoce al interior tres microregiones que agrupan a municipios que comparten ciertas condiciones para detonar proyectos de inversión o en su caso, que dificultan la subsistencia de su población y son: Altiplano Este, Altiplano Oeste y Altiplano Centro; de manera tal que la denominación que agrupa a esta supuesta Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano Norte no corresponde siquiera con la delimitación geográfica que enmarca las normas jurídicas estatales para la planificación de proyectos productivos.
Quienes asistimos no vimos la representación necesaria para llevar a cabo una asamblea de este tipo pues el número de asistentes rondaba entre unas 35 personas, entre hombres, mujeres y menores que presenciaron la reunión, la cual consistió en su mayoría por una delegación de huicholes pertenecientes solo a la comunidad de San Andrés Cohamiata del norte de Jalisco, la que tampoco representaba a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales como bien lo expresó en la mesa la secretaria de la comunidad.
Nosotras, nosotros, hombres, mujeres, jóvenes y niños nacimos en esta tierra semiárida donde están sembrados nuestros muertos y donde brotan nuestras raíces, esta tierra que nos ha dado la vida está al amparo de Nuestra Señora de la Asunción, del Sagrado Corazón de Jesús y de San Francisco de Asís el cual fue nombrado “Patrono de la Ecología” hace 35 años por el Papa Juan Pablo II.
Nosotras, nosotros nos dedicamos a diversas actividades de subsistencia tradicional campesina y de prestación de servicios que nos permiten la reproducción comunitaria y el sustento, vemos con preocupación e interés al mismo tiempo, que un reducido grupo de personas tome decisiones de manera cerrada y bajo un hermetismo tal que expresa la violencia y el desagravio tanto de los servidores públicos de las dependencias gubernamentales como de quienes se autodenominan representantes del pueblo cuando tampoco todos ellos son ejidatarios como lo declaró públicamente uno de sus miembros y que de manera ventajosa y agresiva se atreven a cerrarnos las puertas de inmuebles públicos, excluyéndonos de la toma de decisiones sobre las actividades productivas y megaproyectos que ellos pretenden legitimar como la minería, la agricultura industrial y la construcción de la represa La Maroma.
Queremos aclarar también que a nosotras y a nosotros nadie nos mandó a asistir, sino que guiados por el Santo Padre, por nuestras propias convicciones y credos, con nuestras diversidades espirituales, sociales y generacionales atendemos el llamado para ser custodios de la Creación y en defensa de nuestra dignidad humana, que también es colectiva y por lo tanto incluye el uso de los bienes comunes de todas y todos los habitantes, propietarios, avecindados y ejidatarios del Altiplano.
Por lo tanto, nosotras y nosotros, maestros, amas de casa, jornaleros, estudiantes, promotores de derechos humanos, médicos, artistas, científicos, músicos, creyentes, campesinos, pequeños productores y ganaderos, prestadores de diversos servicios así como nuestros jóvenes, niños y niñas, nos levantamos como cultivadores de la ecología, es decir, de la conservación y del uso comunitario y racional del agua, la tierra, el viento, la flora, la fauna e incluso de la lluvia, pues estamos convencidos de que estos grupos movidos por intereses de empresarios y particulares como son el caso de la megaminería y la agroindustria conducirán de manera acelerada a una crisis ambiental e hídrica en toda la región Altiplano.
Baste observar alrededor de nuestros municipios el atroz avance de la agroindustria que desmonta enormes superficies y extrae el agua subterránea que es de todas y de todos y que en grandes terrenos siembra tomates, chiles, alfalfa y calabazas que emplean agroquímicos que también dañarán nuestro suelo, aire y nuestra agua subterránea. De igual modo, estas mismas industrias están empleando artefactos que detonan en las nubes y que en vez de aminorar la formación de granizo, están modificando la formación de nubes impidiendo que nos llueva y en todo caso, están alterando el ciclo hidrológico que permite que nuestros acuíferos se recarguen, y por ende, promueven la sequía.
La CONAGUA y la SEMARNAT señalan que todos los acuíferos en nuestro estado se encuentran en condición de déficit entre estos los de Vanegas-Catorce y Cedral-Matehuala y que los siete siguientes se encuentran en estado de sobrexplotación: el Barril, Salinas de Hidalgo, Villa de Arista, San Luis Potosí, Jaral de Berrios, Villa de Reyes y Matehuala-Huizache (Atlas Nacional del Agua en México, 2018).
Tan solo el acuífero de Vanegas-Catorce tiene un déficil de -1.5 millones de metros cúbicos (DOF: 25/04/2016), el de Cedral-Matehuala presenta un déficit de -3.288879 millones de metros cúbicos anuales (DOF: 17/08/2015) y el acuífero Matehuala-Huizache es el mayor afectado pues registra un déficit superior a 16 millones de metros cúbicos anuales (DOF: 17/12/2014); a pesar de que en estos tres acuíferos se suprimió la veda indefinida establecida en 1964, la CONAGUA continúa despachando concesiones de agua subterránea a los usuarios industriales y en cambio ha limitado el libre alumbramiento sin realmente establecer los mecanismos legales y procedimientos que regulen la explotación del agua subterránea.
En cuanto a la industria minera, diversas investigaciones realizadas en nuestro territorio nacional señalan que 417 empresas mineras explotan el agua equivalente al uso de 229 mil personas y que hasta el año 2016 el 11.5% del territorio nacional se encontraba concesionado para la explotación minera (Cartocrítica). Por otra parte, la cantidad de agua requerida para producir una onza de oro es de alrededor de 100 mil litros, o sea la cantidad de agua que emplean 200 familias en un día (agua.org.mx) y en nuestro estado existen 21 proyectos mineros de capital extranjero, predominantemente canadiense así como proyectos de inversión nacional concentrados en el Altiplano potosino cuyas concesiones se emitieron a las mineras Grupo México, Grupo Frisco, Grupo Peñoles y NEMISA. (Secretaría de Economía, 2018)
En nuestra región existe una precipitación media anual menor a 500 milímetros y la evaporación es mayor a 900 milímetros por lo que las actividades intensivas agroindustriales, el uso de cañones antigranizo y la explotación minera extranjera y nacional ponen en riesgo nuestros acuíferos, el ciclo vital del agua y la salud de nuestras tierras y cuerpos y no nuestras actividades ganaderas y agrícolas, de cacería y recolección que hemos venido practicando de manera tradicional desde los tiempos antiguos de los rebeldes y verdaderos chichimecas que defendieron la tierra ante la sangrienta colonización por el minero y el hacendado europeo.
En días recientes servidores públicos de dependencias como SEMARNAT, CONAGUA, SEDARH, Secretaría de Economía, SEGAM, INPI, la Procuraduría Agraria y notarios públicos se han presentado en varias reuniones para tratar el tema de los cañones antigranizo y ahora sobre la apertura de los proyectos mineros, en todo momento su soberbia y actitud de desaire frente a nuestros padres, madres y abuelos campesinos ha mostrado su ineptitud, ignorancia y desprecio hacia todos y todas nosotras y en cambio, ha hecho patente su compromiso con los intereses empresariales y políticos.
De manera que ante nuestra realidad local y regional, declaramos que:
– Seguiremos protegiendo a nuestras nubes, nuestros acuíferos, nuestras formas de vida campesina y no intensivas, así como también nuestras tierras las cuales heredamos tras una larga lucha agraria y de liberación de los capataces y hacendados españoles que hoy han sido concesionadas como botín a magnates industriales y políticos que pretenden imponernos bajo la bandera del empleo y de la atracción de inversiones para el desarrollo sin considerar nuestras verdaderas necesidades como son el trabajo justo y digno y acorde con el contexto geográfico local.
– Que las actividades como la agroindustria y la minería con sus artefactos tecnológicos y métodos de operación, están perturbando los temporales afectando nuestra siembra y la crianza de nuestro ganado por crear condiciones de sequía, así como también, crece la vulnerabilidad en nuestro ambiente y en nuestra salud y en todos los seres vivos que nos rodean con los cuales formamos un todo integral.
– Que el peyote es reconocido por nuestros abuelos y bisabuelos, antiguos curanderos, practicantes de la herbolaria del desierto y que por lo tanto, también lo respetamos como una planta medicinal y de conocimiento que se ve amenazada no solo por el turismo desmedido sino también por falta de vigilancia y regulación por parte de nuestras autoridades estatales, municipales y ejidales así como por la voracidad sobre nuestros terrenos por parte de los empresarios industriales que están desmontando aceleradamente enormes superficies y alterando todo el ecosistema de esta planta.
– Nuestras manifestaciones han sido pacíficas, educativas, culturales y espirituales que persiguen el bien común sobre una casa que compartimos con diversas creencias y pueblos que transitan por nuestras tierras como lo hace el pueblo wixárika; en cambio los convocantes y operadores de la reunión mencionada han violentado nuestros derecho a la información, a la libre expresión y organización, así como a nuestro credo en la protección de la ecología y por lo tanto, al amor hacia nuestro territorio y todo lo que en él produce vida; mandamiento al cual nos ha convocado San Francisco de Asís y todas las deidades que reposan en distintos lugares del bajío y la sierra a los cuales también peregrinamos.
Desconocemos a la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte como una entidad, organización o representación legítima de los intereses de campesinos, propietarios particulares y habitantes de las diversas cabeceras municipales y ejidos de los quince municipios que conforman la región Altiplano pues son una minoría de personas manipuladas por intereses políticos y económicos que sólo han sembrado división y en cuyas filas se encuentran personas que no son ejidatarios.
El Estado mexicano a través de sus diversas dependencias federales, estatales y municipales tiene la obligación de defender y promover el bien común, la seguridad y la justicia distributiva sobre nuestros bienes comunes como son el agua y la tierra y no fomentar la violencia, la exclusión, la desigualdad, la intolerancia o la violación a nuestros derechos constitucionales; así como también, tiene la obligación de generar condiciones de empleo digno y equitativo para frenar la migración de hombres y mujeres hacia las grandes ciudades y otros rumbos más allá de la frontera donde se exponen al peligro, al crimen organizado y a la muerte; de igual modo, en planificación conjunta y con la participación de todas y todos nosotros potosinos, debe elaborar planes y programas para el uso y aprovechamiento racional con actividades productivas acordes a la naturaleza y geografía del Altiplano sin crear amenazas ambientales, hídricas o sociales para las generaciones presentes y futuras.
Manifestamos nuestro corazón colectivo presente y futuro; los intereses que nos guían son aquellos de la ética con la Tierra, del reconocimiento por los derechos culturales, sociales y económicos de todos los pueblos que transitamos y convivimos en el Altiplano Wirikuta pues nuestros antepasados reposan en esta tierra compartida y nuestros hijos e hijas también nacerán y crecerán aquí.
Que nuestras acciones se basan en la solidaridad entre nosotras y nosotros que pertenecemos a distintas generaciones pero que también consideramos que todo el patrimonio cultural, social, económico y natural que ahora usamos pertenece también a los que vendrán después, por ello nuestra reproducción y dignidad están en riesgo, ya que siendo ricos o pobres, de no atender el consejo de la naturaleza y el espíritu del semidesierto, nos encaminamos a nuestra propia destrucción al acelerar el deterioro ético, cultural y ambiental.
Nuestra región es considerada un hermoso desierto y es una tierra bondadosa para todas las creencias y formas de convivencia, por lo que llamamos a todas y todos los mexicanos y potosinos a nuestro diálogo amoroso y actuar con el cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y a la fraternidad con nuestro Planeta.
Nuestro exhorto es también para todos los seres humanos que pertenecemos al Altiplano Wirikuta y que en los distintos rincones del bajío y las sierras, en ejidos, cabeceras municipales y rancherías estamos viviendo los ataques a nuestros modos, espiritualidades, ecosistemas y relaciones de vida; llamamos a congregarnos y formar una amplia red de defensa y cuidado consciente de nuestra Casa Común.
Altiplano Wirikuta, 31 de julio de 2019
NOSOTRAS Y NOSOTROS
ejidatarios, propietarios, avecindados, colectivos
y habitantes en general del Altiplano potosino
Con información de Desinformemonos.org
