Tras una intensa discusión que se dio en la sala plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado este martes, esa corporación mantuvo las medidas cautelares con las que suspendió en noviembre pasado las normas que regulan el ‘fracking’ en Colombia.
La decisión de noviembre pasado decretó medidas cautelares que suspendieron provisionalmente los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado ‘fracking’ o estimulación hidráulica (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014).
Frente a esa suspensión el Gobierno había presentado un recurso de súplica, pidiendo que se levantaran las medidas cautelares.
Inicialmente, la discusión estuvo programada para el jueves 29 de agosto, pero fue aplazada para este martes 10 de septiembre, cuando el Consejo de Estado decidió mantener vigente la suspensión.
El consejero Martín Bermúdez fue el ponente en este proceso, y les presentó a sus compañeros de sala una ponencia para ser discutida.
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“Es una actividad con demostrados efectos adversos, graves e irreversibles sobre el medioambiente y la salud humana.”
En todo caso, aunque la suspensión sobre la regulación del fracking se mantiene, la decisión de fondo sobre el asunto tomará más tiempo.
Esto porque en el Consejo de Estado, también en la Sección Tercera, está una demanda contra las normas que regulan esta técnica, que consiste en inyectar en el suelo grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar rocas a varios kilómetros de profundidad y hacer fluir hidrocarburos.
El recurso, presentado por el abogado Esteban Lagos González, pidió la nulidad del decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014 pues, según él, no incluyeron medidas de precaución a pesar de que, manifestó, el fracking es “una actividad con demostrados efectos adversos, graves e irreversibles sobre el medioambiente y la salud humana”.
Resolver de fondo esa demanda le correspondió, por reparto, al consejero Ramiro Pazos, quien dentro del estudio del caso decretó la práctica de varias pruebas, algunas de las cuales ya se han recabado, aunque faltan más.
“Como el proceso fue calificado como ‘proceso de alto impacto’, se le está imprimiendo celeridad”
Entre las pruebas que faltan está la recolección de diversos testimonios y un dictamen pericial que el Consejo de Estado le encargó a la Universidad Nacional sobre posibles riesgos y beneficios del fracking.
El magistrado Pazos dijo que el compromiso es terminar de practicar las pruebas en lo que resta del año “y el fallo de fondo se produciría en el primer semestre del próximo año. Como el proceso fue calificado como ‘proceso de alto impacto’, se le está imprimiendo celeridad”, indicó.
Con información de El tiempo
