Luego del fallido intento por recuperar las 72 piezas que fueron vendidas en la casa de subastas Millon, con sede en Francia, el pasado 18 de septiembre, el abogado, especialista en patrimonio cultural, Jorge Sánchez Cordero reconoció que la intervención del gobierno mexicano no tenía posibilidades para lograr la restitución del patrimonio.
Fue una acción “eminentemente simbólica, con la que envió un mensaje a la comunidad internacional acerca de que (México) milita fuertemente en contra del tráfico de bienes culturales”. Sin embargo, reconoció que “desde el punto de vista jurídico no había posibilidades técnicas de que procediera la restitución de ese lote en concreto”.
Recordó que la Convención de la Unesco de 1970 sobre las Medidas que deben de adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales privilegia únicamente la interlocución entre Estados, pero no entre Estados y particulares, además de que aboga por la vía diplomática y no por la contenciosa.
Además, explicó que México no consideraba indexados los bienes en cuestión, por lo que no podía abrir una controversia al no haber ratificado el Convenio Unesco-Unidroit de 1995, siendo su única vía de reclamación lo estipulado por el derecho francés, el cual admite la buena fe del particular en la posesión de un bien.
A decir del experto, en una situación hipotética favorable para México por parte del juez francés, tendría que haber razonado lo siguiente: “Tú, tercer adquiriente, tienes la obligación de restituirle a un país llamado México, ya que, conforme a su legislación interna (la Ley Federal de Monumentos de 1972), se transgredió o se robaron esos bienes o fueron ilícitamente exportados”.
“Pero eso significaría que el juez francés estaría aplicando en su territorio una legislación mexicana y los mexicanos tenemos que darnos cuenta de que la legislación mexicana tiene como límite nuestras fronteras”, aseveró.
SIN RATIFICACIÓN
No obstante la coyuntura para México en el caso Millon, Sánchez Cordero aseguró que hay avances en el ámbito internacional respecto de los mecanismos de restitución de bienes culturales, en particular el Convenio de 1995, solicitado expresamente por la Unesco a la Unidroit (organización intergubernamental independiente, cuyo objetivo es modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado) sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, el cual, a decir del especialista, lamentablemente México no ha ratificado, a diferencia del resto de países de América Latina y el Caribe.
Dicho convenio, explicó, busca solucionar el problema del tercer adquiriente, estableciendo principios a observarse para que proceda la restitución.
En dicho documento, Sánchez Cordero impulsó junto con otros el concepto de ‘diligencia requerida’, el cual obliga al adquiriente de un bien cultural a hacer una investigación previa sobre la licitud del mismo, prueba que habrá de ser útil en caso de controversia, con la pena, de no hacerlo, de perder el derecho a una indemnización.
Pero el hecho de que México no haya ratificado hasta el momento el convenio limita sus posibilidades de reintegración de bienes culturales, explicó el también integrante del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), Sánchez Cordero aseguró que no son convincentes las razones por las cuales México no ha firmado dicho convenio y puntualizó que no comparte los argumentos que se han esgrimido por parte de gobiernos anteriores, derivando en que México se rezague respecto a los países de la región.
La explicación argüida en el pasado por el gobierno mexicano se ha basado en que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972 rivaliza y contradice la Convención de la Unesco de 1970; sin embargo, “este argumento carece de sentido porque a partir de una jurisprudencia, la misma Corte mexicana establece que en la jerarquía normativa prevalecen los tratados internacionales sobre las leyes internas, salvo en Derechos Humanos”, comentó.
A diferencia de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, naciones que han ratificado el convenio, nuestro país se “ha aislado; los mexicanos nos hemos resistido. Tengo la impresión de que no se ha entendido a cabalidad la extensión de lo que significa el convenio de Unidroit”.
Finalmente, el también académico por la UNAM y presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia explicó que la importancia de dicho convenio ha sido destacada, incluso por las Naciones Unidas “como uno de los mecanismos idóneos que pueden frenar fuertemente el tráfico de bienes culturales”.}
Con información de Excélsior
