“Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo”, fue el mensaje que este viernes, en una breve cadena de radio y televisión, brindó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en medio de las protestas en su contra, que se agudizan en todo el país.
El llamado fue a la dirigencia y bases de las organizaciones indígenas del país, que se agrupan en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
“Sentémonos, sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883, hablemos de donde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos que vayan a quienes más lo necesitan, pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias”, añadió el mandatario.
El Decreto 883, emitido por Moreno la semana pasada, establece la eliminación de los subsidios a los combustibles y, por ende, el alza de sus precios (de hasta 123 % en el caso del diésel); ello fue el detonante de las manifestaciones que se han extendido durante nueve días en el país. Además de unas reformas laborales y tributarias, todo en respuesta a un acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Es indispensable frenar la violencia, hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo […] el país debe recuperar la calma”, mencionó el mandatario.
Las condiciones del movimiento indígena
La dirigencia y las bases de la CONAIE mantienen movilizaciones en todo el país, con la mayor convocatoria en Quito, hasta donde llegaron para entablar el diálogo con el Gobierno; y donde este viernes se han concentrado alrededor del Palacio Legislativo.
Sin embargo, el presidente Moreno se encuentra en Guayaquil, a donde trasladó, desde el pasado lunes, la sede del Gobierno, debido a las manifestaciones y en medio del estado de excepción que declaró y que le da esa facultad.
La CONAIE ha establecido tres condiciones para sentarse a la mesa con el Gobierno:
Derogatoria de los decretos ejecutivos 883 y 884, el primero sobre el alza de los combustibles, que generó las manifestaciones; y, el segundo, sobre la declaración de estado de excepción en todo el país.
La separación de sus cargos de los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la represión policial y militar durante las protestas.
Que el Gobierno se haga responsable de los fallecidos durante las manifestaciones.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y varias universidades se han ofrecido de intermediarios para generar el diálogo entre las partes. Hasta ahora han tenido conversaciones con el Gobierno y la dirigencia indígena de manera particular.
¿Violencia o represión?
Desde el Gobierno han acusado de violentos a los manifestantes que, en algunas partes del país, han generado destrozos a edificaciones públicas y privadas, en especial en el Centro Histórico de Quito.
El movimiento indígena ha marcado distancia de los violentos. En algunas oportunidades los han capturado y sacado de las manifestaciones y han anunciado que podrían aplicar la “ley indígena” a quienes han denominado como “infiltrados”.
El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, denunció este viernes que mientras realizaban su marcha pacífica en el centro de Quito, fueron reprimidos por la policía y los militares. Mostró algunos de los objetos con los cuales los han reprimido, como granadas.
Hasta este viernes, los nueve días de protesta contra el ‘paquetazo’ de Moreno han dejado un saldo de cinco muertos, 929 detenidos y 554 heridos.
Entre los fallecidos está el dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi Inocencio Tucumbi, quien murió en la represión del pasado miércoles en Quito. El movimiento indígena hizo un velatorio, este jueves, durante su asamblea popular en la Casa de la Cultura de la ciudad capital.
Con información de RT
