El 3 de octubre, un grupo de 25 migrantes denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), un intento de fraude por parte de un hombre que dijo ser pareja sentimental de una agente del Instituto Nacional de Migración (INM); una semana después, tres hombres llegaron al domicilio de los denunciantes, ubicado en la ciudad de Tapachula, los golpearon y amenazaron que no siguieran con la denuncia o serían asesinados.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0001854/2019, a inicio de octubre, un grupo de migrantes fue interceptado en un mercado del municipio de Tapachula. Ahí una persona que dijo llamarse “Carlos”, y ser pareja sentimental de una agente del INM, les ofreció tramitarles visas humanitarias, a cambio de dinero.
Los migrantes accedieron, pero al paso de los días, consideraron que habían sido defraudados y decidieron interponer una denuncia penal contra estas personas. La denuncia fue recibida por la FGR el 3 de octubre. Durante la declaración de los agraviados estuvo como testigo un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Días después, el 8 de octubre, los migrantes se encontraban en el interior de la vivienda de Irineo Mujica, defensor de derechos humanos e integrante de la organización Pueblo Sin Fronteras.
Al domicilio llegaron alrededor de las 19:30 horas, un grupo de tres personas vestidas de negro, “tenían la cara cubierta, por tal motivo no pude identificar a las personas. Me comenzaron a golpear en diferentes partes del cuerpo, logrando desangrarme con un tubo de metal en la pantorrilla derecha e izquierda. Mientras me pegaban me pedían un teléfono celular y unos papeles de la denuncia (del 3 de octubre), a lo que respondía que no sabía de lo que estaban hablando”, señaló uno de los agraviados, Paulo Luis Ballesteros Flores, de 25 años, originario de Guatemala.
Los migrantes agredidos acudieron de nuevo a la FGR a denunciar los hechos. En la denuncia que nuevamente fue atestiguada por personal de la CNDH, refieren que las tres personas entraron al resto de las habitaciones y les quitaron los teléfonos al resto de los migrantes que estaban en la vivienda.
Volvieron a insistir en que les fuera entregada la denuncia que presentaron ante la FGR el 3 de octubre, hasta que la localizaron al revisar las habitaciones del lugar. “Una vez que la encontraron me dijeron que si seguía la denuncia, no importaba donde me encontrara ellos me iban a encontrar y ya no sería una golpiza la que me dieran, sino que me iban a matar. Seguidamente se retiraron rápidamente, por lo que solicito seguridad”.
Los agresores se llevaron las llaves de la casa, celulares, documentos prueba de las demandas por extorsión, entre ellas un chip de teléfono en donde se encuentran los mensajes que se les envió para la estafa.
Irineo Mujica informó que personas han seguido vigilando el domicilio que ocupa en la ciudad de Tapachula. También, dio a conocer una campaña de desprestigio y xenofobia que a través de redes sociales, iniciaron un grupo de personas. Una de ellas compartió un video, donde lo acusan de promover la migración.
“Esos grupos descontrolados de migrantes, son parias. Si no nos organizamos, seremos rehenes en nuestra tierra! Orineo (sic) es un pollero. Pueblos Sin Fronteras no defienden derechos humanos de los migrantes. Ellos solo cobran una lana por ‘moverlos’ lo demás les vale y están generando crisis humanitaria”, señala una de las publicaciones en redes, que denunció el activista.
Irineo Mujica detalló que interpondrá una nueva demanda penal por la campaña de desprestigio en su contra, y por la campaña de xenofobia. “Corremos riesgo, las agresiones y acoso se incrementan cada día. He pedido ayuda al mecanismo de protección, a la CNDH, pero no se me ha dado, la situación sigue cada vez peor”, refirió.
En Tapachula, activistas calculan que al menos 20 mil migrantes de diversas nacionalidades se encuentran varados, ante la negativa del gobierno mexicano de permitirles continuar su viaje rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Algunos de estos migrantes han solicitado visas humanitarias o asilo en México. El tiempo de respuesta se ha extendido por meses. En tanto esperan, no se les permite obtener empleo ni salir de la ciudad.
Con información de Aristegui noticias
