El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ordenó una investigación a fondo de lo ocurrido en el operativo que la madrugada del martes 22 realizaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras autoridades en Tepito, donde fueron detenidas 31 personas, presuntas integrantes de la organización criminal La Unión, de las cuales 27 fueron liberadas ayer por el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
Se trata de la misma autoridad federal que lleva el caso de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, y que en días pasados le ratificó la prisión preventiva como medida cautelar, por el riesgo de que pudiera darse a la fuga.
“Existe la versión de que se integraron mal las carpetas de investigación, que no correspondían a los hechos y que por eso el juez tomo la decisión de dejarlos en libertad. Vamos a indagar bien, tener todos los elementos y les vamos a informar… Tengo información que me dieron sobre el caso y se acordó que vamos a indagar más para no juzgar a la ligera”, dijo el presidente en su conferencia matutina.
López Obrador agregó que “no pondría como lo más relevante” que el juez sea el mismo del caso Robles Berlanga, y sobrino de la legisladora Dolores Padierna. “Aquí lo importante es ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas”, reiteró.
Ayer, Delgadillo Padierna ordenó la liberación inmediata de 27 de los 31 detenidos, al considerar que las detenciones fueron “ilegales”, debido a que fueron “fabricadas”, además de que se ejerció violencia contra cinco mujeres detenidas. Durante la audiencia, dijo que mientras los policías de la SSC informaron que las detenciones fueron en los inmuebles cateados –en el número 33 de la calle Peralvillo, colonia Morelos-, los detenidos declararon que estaban en una fiesta.
El juez también ordenó al titular de la SSC, Omar Hamid García Harfuch, iniciar una investigación contra los elementos que participaron en el operativo por las presuntas falsedades en sus informes homologados y la presunta violencia ejercida en las aprehensiones.
En el operativo participaron elementos de la SSC, de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) y la Secretaría de Marina (Semar). El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República debido a que los delitos imputados son de orden federal: delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico) y portación de armas de fuego exclusivas del ejército.
Sorpresiva decisión del juez: García Harfuch
Tras la decisión del juez, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, se dijo “sorprendido” ya que el operativo fue realizado por dos órdenes de cateo otorgadas por un juez, con una investigación previa “muy sólida”, y con el resultado del decomiso de fuertes cantidades de droga y armamento de alto poder, lo que refleja que en el lugar se realizaban actividades ilícitas y “que la investigación fue buena”.
En distintas entrevistas mediáticas, el funcionario argumentó: “no estábamos ahí por casualidad, fuimos a ejecutar dos órdenes de cateo con la Procuraduría, producto de una investigación muy sólida que teníamos de tiempo atrás” y que estuvo respaldada por múltiples denuncias ciudadanas.
Recordó que en los predios cateados fueron hallados al menos 50 kilogramos de precursor químico, mil 639 kilos de mariguana, 21 kilos de cocaína y cuatro kilos de metanfetamina. Además, 13 armas cortas, siete largas, un tubo lanzacohetes, 17 cargadores de arma larga y 37 de corta, mil 500 cartuchos útiles y cinco granadas, varios vehículos” con reporte de robo, así como varios costales de mariguana y 1.5 millones de pesos en efectivo.
Sobre la orden del juez, García Harfuch comentó que por ahora no se puede desacreditar, pero que revisarán la instrucción y que “si hubo un error o abuso policial de cualquier tipo, será investigado”. No obstante, adelantó que las veces que sea necesario van a continuar con estos operativos.
El jefe de la policía comentó que la decisión del juez “es muy sorprendente” por “todo lo que se encontró ahí, la investigación que teníamos antes, la colusión de los policías que había de diferentes autoridades”.
En una tarjeta informativa, la SSC agregó que revisará la actuación de sus efectivos, de acuerdo con lo que establece el Protocolo de Actuación Policial referente a detenciones en flagrancia, “pues siempre se ha actuado bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos”.
Además, realizará una investigación interna, “en la que se revise cada acción que se haya realizado por parte de la policía, desde la puesta a disposición, hasta las detenciones, y en caso de una mala actuación se tomarán las sanciones adecuadas”.
Con información de Proceso
