De acuerdo con ACFP, el sistema económico actual no garantiza trabajo digno para millones de personas, es decir, empleo con salario suficiente y seguridad social, y además es incapaz de absorber la demanda, generando informalidad laboral y desempleo, que actualmente llega a 12% y no a 3%, como se difunde oficialmente, apunta.
De igual manera, sostiene que la mitad de las personas con trabajo asalariado tienen un ingreso insuficiente para sostener a una familia y cuatro de cada 10 no tienen afiliación a la seguridad social.
En su análisis desglosado por regiones, estados y las 36 ciudades que concentran la oferta y demanda de empleo en México, ACFP también encontró que el mundo laboral no sólo fomenta la pobreza, sino que contribuye a ahondar la desigualdad.
Según el reporte realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), las entidades y ciudades con más trabajadores asalariados con ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica son también las más pobres: Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Chiapas.
Los datos
En México, refiere, hay 15 millones 120 mil personas que trabajan asalariadamente, pero que no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para su familia. Los estados que tienen mayor proporción de trabajadores con ingreso insuficiente son: Morelos, con 75%; Tlaxcala, 72%; Estado de México, 69%; Veracruz, 69%, y Oaxaca, 67%.
Añade que 14 millones 830 mil trabajadores en el país son excluidos de la seguridad social legalmente obligatoria, esto es 43% de trabajadores asalariados. Los cinco estados en peor condición en este indicador son: Hidalgo, con 64%; Oaxaca, 64%; Michoacán, 63%; Chiapas, 63%, y Puebla, 62%.
Los datos del Observatorio de Trabajo Digno sustentan con evidencia sólida –destaca el reporte– las propuestas que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha presentado a autoridades laborales, representantes de patrones y de trabajadores, para adoptar un modelo de recuperación gradual del salario que permita que el salario mínimo sea suficiente para el sostenimiento de una familia –como manda el artículo 123 de la Constitución mexicana–, a más tardar en cinco años.
También muestra la urgencia de vitalizar el debate y buscar soluciones sobre cómo un sistema universal de salud y seguridad social debe considerar la protección social y la salud como derechos de las personas y lo separe del contrato laboral. “La salud no puede ser una prestación, es un derecho humano” enfatiza Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de ACFP.
Y a corto plazo el organismo promueve frente a las autoridades laborales y organismos empresariales medidas urgentes para erradicar el outsourcing ilegal, basado en prácticas laborales fuera de la ley, como la contratación de patrón sustituto, sin contratos estables, evadiendo afiliación y pagos al seguro social y el cumplimiento de prestaciones legales.
“Quien está sub ocupado, quien trabajan más de 48 horas, quien tiene ingreso insuficiente, a quien se le niega su afiliación a la seguridad social y quien no tienen prestaciones, no tienen trabajo digno en los términos que lo conceptualiza la Constitución. Si presentan alguna de estas cinco carencias se les incluye en este indicador 2”, explicó María Ayala, responsable de la investigación y datos de Frente a la Pobreza.
El indicador 2 “sin condiciones dignas de trabajo” tiene una incidencia muy alta a nivel nacional (78%), casi ocho de cada 10 personas con trabajo asalariado. En números redondos son casi 25 millones 500 mil personas. Los cinco peores estados en este indicador, que sintetiza la carencia de condiciones dignas de trabajo, son: Morelos, 93%; Tlaxcala, 91%; Estado de México, 90%; Veracruz, 90%, y Oaxaca, 89%.
“La condición de pobreza que se genera desde el mundo del trabajo por los bajos salarios y la carencia de seguridad social se explica por la indefensión de millones de trabajadores frente a abusos. La mitad de los trabajadores asalariados carecen de contrato estable y la gran mayoría, casi nueve de cada 10, carecen de afiliación sindical. Sin contrato carecen de defensa en lo individual y sin sindicato carecen de defensa y capacidad de negociación colectiva”, dice el estudio.
Y añade que a nivel nacional 18 millones de personas carecen de contrato estable, lo que representa 51% de los asalariados. Los seis peores estados por la carencia de contrato estable son: Michoacán (72%), Hidalgo (69%), Oaxaca (69%), Tlaxcala (69%), Chiapas y Puebla, con 66%.
En todo el país, casi 30 millones de trabajadores asalariados carecen de afiliación sindical (29.9 millones, 87%). Los estados en peor condición en este indicador son: Morelos (94%), Puebla (92%), Querétaro (91%), Jalisco (90%) y Michoacán, Baja California y Chihuahua, con 89%.
“Acción Ciudadana Frente a la Pobreza espera una respuesta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a la propuesta de aumento semestral al mini salario, entregada en septiembre pasado”
Con información de Proceso
