“Desde hace más de una semana el pueblo chileno –y latinoamericano– ha sido reprimido violentamente. Hoy, los medios de comunicación nacionales dominantes han criminalizado al movimiento social chileno por manifestarse pacíficamente, haciéndolo responsable de acciones violentas”, subrayaron en una carta firmada por más de 700 personas.
De igual manera, responsabilizaron a Piñera, así como al ministro Andrés Chadwick y al general Javier Iturriaga, de militarizar el territorio, declarar estado de emergencia y decretar toques de queda cada vez más amplios, incurriendo así “en la irresponsabilidad de declarar que el pueblo chileno ‘está en guerra’”.
Eso, denunciaron, ha provocado graves violaciones a los derechos humanos y pérdidas de vidas bajo la lógica de la denominada “doctrina del shock” impuesta por medio de las Fuerzas Armadas y de orden chilena.
Además, acusaron de “oportunista” al presidente chileno, luego de que trató de apropiarse del descontento social expresado en la multitudinaria y pacifica movilización que se realizó el pasado viernes 25 en todo el país, denominada #LaMarchaMásGrandeDeChile, y llamó a los manifestantes a regresar a la normalidad.
“¿Cómo podría un país volver a la normalidad si el sector político del Sr. Piñera acaba de votar en contra de la apertura de investigaciones por violación de los derechos humanos que se hayan ejercido durante los días de movilización social?”, expresaron los firmantes, y recordaron que el mandatario condicionó el fin del estado de emergencia y solicitó la renuncia de su gabinete.
En este contexto, indicaron, “redoblamos nuestra solidaridad con las demandas del pueblo chileno, las cuales compartimos profundamente, y repudiamos de manera enfática y contundente el actuar del gobierno de Sebastián Piñera, quien ha ejecutado prácticas claramente autoritarias y antidemocráticas”.
Por ello, exhortaron de manera urgente al gobierno chileno a finalizar de inmediato el Estado de emergencia, sin interponer condiciones, y declarar públicamente que Chile no está en guerra, así como a la desmilitarización absoluta del territorio chileno. “Los militares deben regresar a sus cuarteles inmediatamente, en todo el territorio nacional, sin excepciones”, puntualizaron.
También demandaron poner fin a la criminalización de la protesta y del movimiento social chileno; la aplicación de las sanciones correspondientes, acorde con la cadena de mando y por medio de la justicia civil, a todos los miembros de las fuerzas militares y de orden que hayan incurrido en cualquier tipo de acto represivo y/o violatorio de Derechos Humanos, así como investigar y sancionar, por medio de la justicia civil, todo acto de violencia de género y violencia sexual contra las mujeres.
De igual manera, convocar con urgencia a una instancia de diálogo efectiva, incluyente, vinculante, transversal, pública y transparente, para atender las demandas sociales que se han postergado durante años y que hoy exige el pueblo de Chile, y otorgar libertad inmediata a todas las personas detenidas durante las manifestaciones y toques de queda.
Finalmente, pidieron la presentación física y con vida de las personas que han sido secuestradas y desaparecidas, porque hasta ahora hay un número importante de personas de las que se desconoce su paradero.
Entre los estudiantes, profesoras y profesores latinoamericanos que reiteraron su apoyo y solidaridad al pueblo chileno, los hay de Argentina, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.
Con información de Proceso
