“No hay nada peor que una imagen brillante de un concepto borroso”, afirmaba el fotógrafo estadounidense Robert Capa.
Y en las últimas semanas aparecieron, con poca distancia unas de las otras, varias imágenes con una misma escena: distintos presidentes sudamericanos rodeados de mandos de las Fuerzas Armadas, mientras sus respectivos países atravesaban graves crisis políticas, sociales e institucionales.
La primera de estas imágenes se dio en Perú el 1 de octubre.
Pocas horas después de que el Congreso peruano suspendiera al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad temporal”, el mandatario publicaba esta foto en su cuenta oficial de Twitter.
El día anterior Vizcarra había decretado la disolución “constitucional” del Congreso y la foto ratificaba el “pleno respaldo al orden constitucional y al presidente” que le habían expresado los organismos militares y policiales.
Una semana después, se repetía una escena similar en Ecuador.
En medio de las crecientes protestas contra la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles, el presidente Lenín Moreno anunciaba en un mensaje televisivo el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil.
La decisión se sumaba al estado de excepción que el presidente había declarado pocos días antes en todo el país.
Pero lo que llamaba en particular la atención era cómo Moreno había decidido comunicar su iniciativa.
Pocos días después, otro país sudamericano, otra crisis y otra secuencia parecida.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, aparecía por la tele acompañado por el general del ejército Javier Iturriaga -en uniforme de camuflaje-, a quien dos días antes había designado como jefe de la defensa nacional en Santiago.
Piñera estableció el estado de emergencia en varias zonas del país, entre ellas Santiago. Era la primera vez que pasaba en la capital, desde que volvió la democracia tras el régimen de Augusto Pinochet.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, afirmaba Piñera, refiriéndose a los violentos enfrentamientos que se habían generado durante las protestas sociales que atravesaba Chile desde hacía varios días.
Y en Bolivia, el 12 de noviembre, otra foto emblemática, publicada en la cuenta de Twitter del político boliviano Oscar Ortiz Antelo.
Que muestra unos militares imponiendo la banda presidencial a la mandataria interina Jeanine Áñez.
Solo habían pasado 48 horas desde que el comandante de las Fuerzas Armadas anterior, Williams Kaliman, “sugería” públicamente a Evo Morales que abandonara el cargo para “pacificar” el país.
Entonces ¿entrañan esta serie de “imágenes brillantes” algún “concepto borroso”?
“Creo que se pueden interpretar de dos maneras, una negativa y la otra positiva”, le explica a BBC Mundo Francisco Sánchez López, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España).
“Si las interpretamos negativamente, se podría decir que el poder civil está supeditado al poder militar y que los presidentes necesitan el apoyo de los militares para poder mantenerse en el gobierno”, sobre todo cuando ese poder es cuestionado por el Congreso, como en el caso de Perú, o por las protestas sociales, como ocurre en los otros países.
“Pero también puede tener una interpretación positiva”, sigue Sánchez, “según la cual el presidente está mostrando que las Fuerzas Armadas están bajo control civil, sobre todo a la luz de los temores que siempre se han tenido en América Latina a las posibilidades de golpe de Estado”.
Si bien cada país se está enfrentando a una crisis distinta y con rasgos propios, según Rut Diamint, investigadora principal de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, hay un elemento en común en todas ellas.
“Se trata de gobiernos débiles con partidos políticos muy volátiles que, frente a una situación de crisis, no saben cómo resolverla y recurren a las Fuerzas Armadas, que en muchos casos son la única institución que tiene cierta organización y que cuenta -salvo excepciones concretas- con el apoyo de la ciudadanía”.
Según el informe de Latinobarómetro 2018, un estudio realizado anualmente en 18 países latinoamericanos, la confianza en los partidos políticos (13%) y en los gobiernos (22%) está en sus mínimos en toda la región.
“El desencanto con la política ha llevado a la fragmentación de los partidos, a la crisis de representación y a la elección de líderes populistas”, afirma el informe. “Estos datos dan cuenta de las crisis en la que se encuentran los sistemas políticos de la región, donde nadie es campeón”.
“Unos partidos volátiles y unos congresos que no tienen capacidad de tomar decisiones, que en algunos casos son definidos incluso como “escribanías” porque ratifican lo que dicen los presidentes, no son en realidad autónomos en la producción de legislación o de legitimidad”, analiza Diamint.
“Todo eso conforma una debilidad institucional muy fuerte que hace que estas democracias no hayan tenido la consolidación que en algún momento se pensó que tenían”, añade.
Por el contrario, las instituciones mejor valoradas según el Latinobarómetro 2018 son la Iglesia católica(63%) – con la excepción de Chile, donde los recientes escándalos de pedofilia mermaron su credibilidad-, las Fuerzas Armadas (44%) y la policía (35%).
El país que más confía en sus FF.AA. es Uruguay, con un 62% de aprobación, seguido por Ecuador (61%), Brasil (58%), Colombia (56%) y Chile (53%). El 44% de los ciudadanos de Perú también confían en sus militares, mientras que la menor confianza en las Fuerzas Armadas se registra en Venezuela (19%).
“Es normal que, frente a gobiernos que fallan en proveer los beneficios de la democracia y que a veces están vinculados a un empobrecimiento de la población o a actos graves de corrupción, las Fuerzas Armadas -aunque no en todos los países- levanten su consideración frente a la sociedad”, labrándose un papel de autoridad moral, analiza Diamint.
Nuevo militarismo: “politización” de los militares…
Pero esta investigadora apunta a un fenómeno nuevo que se ha consolidado en los últimos años.
Ya a finales de 2018, en su ensayo “¿Quién custodia a los custodios?”, Diamint aseguraba que, “si bien los golpes de Estado del pasado parecían desterrados”, en el continente han ido emergiendo nuevas formas de poder militar.
Pero, ¿en qué manera las FF.AA. aumentaron su injerencia en la política?
“A través de la “politización” y de la “policialización” de los militares”, aclara Diamint, que acuñó el término de “nuevo militarismo” para definir este fenómeno.
“En el pasado los militares daban golpes de Estado para tomar el poder con sectores que en general no llegaban a ganar las elecciones”, le aclara Diamint a BBC Mundo.
“Ahora, en cambio, las Fuerzas Armadas ya no son aliadas de los perdedores, sino que son convocadas por los triunfadores de las compulsas electorales, quienes las utilizan para sus propios proyectos. En el caso de Brasil, por ejemplo, la participación de militares en el gabinete presidencial es impresionante”.
Por su parte, “los militares terminan teniendo una relación directa con la toma de decisión y no cargan con las consecuencias de mal gobierno”.
Sin embargo, las formas que asume esta relación varían según el país.
Diamint afirma, por ejemplo, que Hugo Chávez convirtió a las Fuerzas Armadas venezolanas en el instrumento de “mediación y apoyo político para la ejecución del proyecto bolivariano”.
“Chávez empoderó a los militares y gobernó bajo la ficción de una alianza entre el líder, el pueblo y el ejército”.
En otros procesos, en cambio, los militares se instalan como ejecutores de las políticas sociales, dominan la inteligencia estatal o se aseguran concesiones económicas.
Es lo que muchos analistas coinciden en afirmar que ocurrió en Bolivia, durante los mandatos de Morales, y en Ecuador, donde Lenín Moreno nombró como ministro de Defensa a un ex-general -luego de 12 años de que este cargo fuese ocupado por civiles-, aumentó las asignaciones presupuestarias para las Fuerzas Armadas y reforzó la participación del Ministerio de Defensa en tareas de policía, inteligencia y gestión de riesgos.
Y justamente el gasto militar y la autonomía con el que se emplea son otros puntos decisivos para entender la actual relación de los militares con los gobiernos sudamericanos.
En 2018, el gobierno chileno destinó a las FF.AA. el 7,1% de su gasto anual, Ecuador el 6,4%, Perú el 5,5%, Bolivia el 3,9% y Colombia hasta el 11,6%, según datos del Banco Mundial.
Estas partidas son inferiores a las de salud o educación, pero superiores a lo que gastan para su defensa el gobierno de México (2,1%) o el de países europeos como España (3%), Alemania (2,8%) o Italia (2,7%).
Una de las consecuencias directas de la politización de las Fuerzas Armadas es, según Sonia Alda Mejías, experta en Seguridad y Defensa en América Latina del Real Instituto Elcano, la militarización de la democracia.
“Los gobiernos civiles, en democracia, tienen que garantizar el diálogo social”, asevera Alda Mejías.
En cambio, los gobierno de Chile, de Ecuador o de Bolivia “están demostrando que en absoluto lo ejercen, sino que, en situaciones de inestabilidad, necesitan de la ayuda de los militares”.
Además, lanzan el mensaje de que “cuando uno tiene el apoyo de las fuerzas armadas tiene asegurado el lugar que está ocupando”. En este sentido los militares ejercen un “papel tutelar” de los gobiernos.
El otro elemento novedoso del “nuevo militarismo” sudamericano es la “policialización” de los militares.
Esto quiere decir que “las fuerzas policiales, que de alguna manera están sobrepasadas, son corruptas o son asociadas al crimen organizado, no pueden resolver la situación de inseguridad”, explica Diamint, y entonces los gobiernos recurren a las Fuerzas Armadas para hacer seguridad pública.
“Pero los militares no están preparados para esta labor”, cuestiona Alda Mejías. “Son fuerzas distintas, con doctrina, formación, equipamiento distintos, entrenadas para derrotar mediante la fuerza máxima a otro ejército. Cuando en cambio son empleadas para reprimir a la ciudadanía, ¡son como un elefante en una cacharrería!”
“No están preparadas para imponer la ley, sino para aniquilar a un enemigo”, coincide Diamint. “El uso de la fuerza es mucho mayor y, por lo tanto, terminan generando abusos contra los derechos humanos”.
En Ecuador, después de varios días de protestas, Moreno decretó el estado de excepción y sacó a las calles las Fuerzas Armadas. Finalmente, el gobierno y los grupos indígenas y opositores llegaron a un acuerdo, pero el saldo de los 12 días de protestas fue de 10 muertos y más de 1.000 heridos.
Por otro lado, según la Fiscalía de Chile, al menos 23 personas han muerto desde que comenzaron las movilizaciones.
Cinco murieron a manos de agentes del Estado durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis y otras dos fallecieron mientras estaban detenidas en una comisaría.
Además, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del país, al menos 2.300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de policías en las marchas, y 220 de ellas tienen un trauma ocular severo.
Pero esto no impidió al presidente Piñera anunciar recientemente algunos proyectos de ley para disponer de las Fuerzas Armadas sin necesidad de decretar el estado de emergencia.
En Colombia, tras el paro general y las masivas protestas , el presidente Iván Duque decretó el toque de queda en Bogotá y ordenó el despliegue del ejército en la capital.
Y en Bolivia, una de las primeras medidas de Áñez como presidenta interina fue la de emitir un paquete de decretos que liberan de toda responsabilidad de sus actos a las Fuerzas Armadas involucradas en la represión de las protestas que encienden al país desde antes de la renuncia de Morales.
Una mirada a las fotos del pasado
Otra importante fotógrafa estadounidense, Sally Mann, suele afirmar que “las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echar un vistazo al futuro”.
Y cuando se habla de imágenes de militares en Sudamérica, sin embargo, es inevitable que vuelvan a la memoria otras fotos, en blanco y negro, que también fueron actos decisivos.
Como la de Augusto Pinochet presidiendo una reunión de la Junta Militar en septiembre de 1973, pocos días después del golpe de Estado contra quien le había nombrado jefe del Ejército.
O como la que muestra al general Jorge Rafael Videla mientras jura como presidente de Argentina acompañado por el almirante Emilio Massera y el brigada Orlando Agosti, miembros de la Junta Militar que derrocó a Isabel Perón con un golpe de Estado en marzo de 1976.
Pero, ¿hay alguna posibilidad de que estos acontecimientos se repitan?
Todos los expertos consultados descartan rotundamente que los militares puedan o quieran realizar actualmente un golpe de Estado.
Los profundos cambios en las sociedades, su proceso de democratización, el aumento de una clase media más amplia y formada, además de un escenario internacional distinto, son los factores esgrimidos para descartar, al menos a corto término, esta posibilidad.
La principal diferencia entre esas fotos de los 70 y las de hoy, resume Amint, es que ahora los militares “están sentados o parados detrás de presidentes electos, mientras que antes eran ellos los que derrotaban al presidente electo. O sea, ahora son socios de la democracia, mientras que antes eran los que la quebraban”.
Con informción de BBC
