El próximo jueves las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados debatirán, y en su caso aprobarán, la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de septiembre ante el Congreso de la Unión.
El dictamen de la Ley de Amnistía plantea el otorgamiento del perdón de ilícitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares y a los médicos practicantes de la interrupción), así como delitos contra la salud cometidos por pobres, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno, y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
En caso de ser avalado por la Cámara de Diputados, y posteriormente por el Senado, se calcula que podría beneficiar a unas mil 45 personas en todo el país.
En el primer artículo de éste, que sería un nuevo ordenamiento, se pretende el “perdón” a ciudadanos a quienes se les haya ejercido acción penal, hayan sido procesados o se les hubiere dictado sentencia firme ante los tribunales federales, siempre y cuando no hayan sido reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados antes de la entrada en vigor de esta nueva ley.
Las comisiones hicieron un cambio al dictamen y determinaron que, toda vez que le corresponde a la Fiscalía General de la República la aplicación de este nuevo ordenamiento, y para evitar conflictos de intereses al probablemente actuar como juez y parte, se estableció que el Ejecutivo, en un plazo de 60 días hábiles, creará una comisión de expertos encargada de coordinar y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual resolverá las solicitudes en un máximo de cuatro meses.
En su exposición de motivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalla que es un compromiso permanente hacer todo lo posible por aliviar las injusticias que padece el pueblo de México y una de las principales es el acceder a la justicia pronta.
“La Ley de Amnistía que someto a consideración de esta soberanía es una expresión concreta de ese compromiso, así como manifestación de mi voluntad de arrancar de raíz las causas de la pobreza y la marginación. Las personas que se beneficien de la Ley de Amnistía deben reunir tres condiciones como punto de partida para ser consideradas como potenciales beneficiarias: primera, que su sentencia en firme haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les indició, es decir, que no sean personas reincidentes.
“Segunda, que no hayan sido condenadas por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes, y, tercera, que en la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego”, describe López Obrador.
Agrega que tampoco se podrán beneficiar de la amnistía las personas procesadas o sentenciadas por delitos graves. “La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no a homicidas o secuestradores; tampoco a quienes hayan causado un grave daño a otra persona”, indica.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, que encabezan Pilar Ortega (PAN) y Rocío Barrera (Morena), consideraron que “la iniciativa es constitucional y convencional, persigue un fin trascendente y no impone restricciones o afectaciones injustificadas a los gobernados, sino que, por el contrario, permite al Estado mexicano corregir algunas injusticias que han sido cometidas en contra de personas en estado de vulnerabilidad”.
De acuerdo con Rocío Barrera, con esta ley se beneficiaría a mil 45 presos, y al preguntarle si no es una cifra muy baja respondió: “La Ley de Amnistía no es para vaciar las cárceles”, y confirmó que este dictamen se votará el jueves.
También se propone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promueva a nivel local la expedición de leyes de amnistía por delitos semejantes a los contemplados en la Ley de Amnistía del ámbito federal, a fin de homologar el ejercicio del beneficio de este mecanismo en los distintos órdenes de gobierno con respecto a las mismas conductas.
Con información de Nuevo Día
