El manejo de las finanzas públicas durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, así como el reparto y uso de los recursos para la reconstrucción luego del sismo que devastó a la capital del país el 19 de septiembre de 2017, está en la mira de la ahora Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
Seis funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en la gestión pasada están tras las rejas acusado por corrupción en la nómina y el mal uso de recursos relacionados al personal de dicha entidad, pero no son los únicos, la FGJ ha puesto la mirada en otros ex funcionarios capitalinos.
“Entonces ahí hay una investigación de la Contraloría General con ahora la Fiscalía General, hay las investigaciones que se están haciendo y distintas órdenes de aprehensión”, explicó Claudia Sheinbaum durante la inauguración del crucero seguro en Buenavista.
En diciembre pasado, agentes de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia intentaron detener a Miguel Ángel Vázquez, subsecretario de administración y capital humano de la Secretaría de Finanzas en la CDMX, sin embargo quedó en libertad tras un amparo. El funcionario fue señalado por engrosar la nómina en la pasada administración, así como por manejo indebido de varios millones de pesos, indicaron medios locales.
En esa ocasión, las autoridades también contaban con órdenes de aprehensión contra Cynthia Campos Fernández, exdirectora de desarrollo profesional, así como de Joel Pazol Ruiz, subdirector de análisis sectorial, quienes también eran funcionarios de la pasada administración pero que sí pudieron ser detenidos.
También se reportó la captura de Hedilberto C, ex director general de Administración y ex subsecretario de Egresos de la dependencia; Berenice G, subsecretaria de planeación financiera; José Iván M, Director de fondo y valores; así como a Gabriel R, director general de administración financiera; acusados de intervenir las cuentas bancarias de la dependencia financiera local.
Esto da muestra del problema de corrupción que aquejaba a la capital del país, por lo tanto se deben revisar los esquemas de asignación de contratos, por pequeños que sean, así como corregir los mecanismos legales que permita que esto suceda, explicó Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Necesitamos corregir esa parte de nuestro mecanismo legal, necesitamos revisar el nepotismo, cómo es que personas que forman parte de una misma familia acaban trabajando en una misma oficina”, refirió.
A principios del mes pasado, autoridades de la FGJ indicaron sobre la detención de Enrique Takahashi Villanueva, quien fue director de licitaciones de obras públicas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) durante la gestión de Mancera Espinosa, acusado por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilegal en sus atribuciones y facultades; así como por estar probablemente involucrado en la celebración de contratos fantasma en inmuebles afectados por el sismo del 19S.
Desde octubre de 2019, tanto el ex comisionado del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tonguí, como el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez son buscados por las autoridades de justicia de la capital, ya que ambos son acusados de ser probables responsables de desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público, indicaron.
Raymundo Collins Flores, ex titular del Instituto de Vivienda es buscado por las autoridades luego de que la entidad a su cargo autorizara un desarrollo, con “importante monto de recursos” que no y que no correspondía a viviendas de interés, sin el consentimiento del consejo, explicó la jefa de gobierno. El ex funcionario también fue servidor público durante la gestión de Marcelo Ebrard, al dirigir la Central de Abastos, al igual que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública.
Para Ricardo Alvarado es preocupante que funcionarios a cargo de los proyectos de reconstrucción de la ciudad después del 19S estén involucrados en estos casos, aunque el actuar de la nueva fiscalía es positiva, ya que no ha buscado un espectáculo mediático, sino ha reportado los avances de las investigación, refirió.
Recordó la renuncia de Mauricio Merino, coordinador nacional de la organización Nosotrxs, a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación en febrero de 2018, quien acusó uso discrecional del dinero destinado para las obras de reconstrucción.
Entre las razones de Merino se encuentra que los comisionados de dicho órgano no tenían garantía de ejercicio, al no poder vigilar y monitorear lo encomendado en el Presupuesto de Egresos en 2018, ya que las decisiones de autorización de recursos recaían en la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el comunicado difundido en ese entonces.
“Se vulneran las facultades del Ejecutivo de la CDMX y se violenta la Constitución de la Ciudad de México”, acusó en su renuncia el también investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Sin embargo, Mauricio Merino regresó como presidente del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México en abril del año pasado luego de la invitación de Sheinbaum Pardo, detalló el CIDE.
También sería importante llamar a los tres diputados locales, los perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez y el panista Jorge Romero Herrera, para que rindan cuentas cuando estuvieron a cargo del presupuesto para la reconstrucción de la ciudad luego de los hechos del 19 de septiembre en 2017, reiteró el experto de MCCI.
Siempre será delicado iniciar procesos contra funcionarios de gobiernos anteriores, ya que no queda claro si es “cacería de brujas” o un verdadero combate a la impunidad, pero las evidencias de un combate a la impunidad es que sea parejo, subrayó.
“El desarrollo que ha tenido la fiscalía (local) es de ir presentando evidencia más entorno a los mecanismo que por las personas. Primero detectaron las desviaciones, las cuales los llevaron a las nombres, de ahí que cayeron funcionarios con responsabilidades secundarias y luego mayores”.
“La principal diferencia entre justicia y venganza es que la justicia ofrece explicación, y es lo que necesitamos, independientemente de los funcionarios (detenidos). Lo más importante es saber cómo desvían recursos para tapar ese hoyo”, externó el experto al citar a Ana Laura Magaloni, ex aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con información de Forbes
