En conferencia de prensa, representantes de más de 50 organizaciones advirtieron que la política migratoria que impulsa Andrés Manuel López Obrador, está lejos de garantizar los Derechos Humanos, por el contrario, se considera cercana a la política xenófoba del mandatario estadunidense Donald Trump.
“Ni en la administración más violenta que hemos vivido, como la de Felipe Calderón, se impidió el acceso a las organizaciones sociales a las estaciones migratorias”, aseguró Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, cuyo centro de operaciones se encuentra en el estado de Chiapas.
Los representantes de las agrupaciones afirmaron que la pifia desinformativa entre el INM y la Secretaría de Gobernación sienta un precedente negativo que puede reactivarse en cualquier momento.
Además, consideraron que, aunque López Obrador asegure que ni la Guardia Nacional o cualquier fuerza de seguridad aplicarán medidas coercitivas contra los migrantes, en la realidad ese discurso no coincide con lo sucedido en la frontera sur del país. “Le están informando mal al presidente”, advirtieron.
Por ello, consideraron que, pese al ingreso de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el centro Siglo XXI de Tapachula, Chiapas no sustituye el monitoreo independiente de las OSC.
Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras IAP, explicó que pese a cumplir en tiempo y forma con la entrega de oficios, no se les ha permitido el paso a las estaciones para verificar las condiciones en las que están los migrantes, y para informarles cuáles son los derechos que se les deben garantizar en dichos lugares.
Congregadas en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las 59 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional; Alma Migrante, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; Instituto para las Mujeres en la Migración; Servicio Jesuita a Refugiados; Sin Fronteras IAP, exigieron al Estado que se les garantice el ingreso sin restricciones a través de un documento oficial.
También señalaron que el Estado debe “abstenerse de cualquier acción que criminalice y obstaculice el derecho a defender derechos humanos, a través de la labor de monitoreo de la sociedad civil”.
Además, instaron a las autoridades a reconocer que las estaciones migratorias y estaciones temporales del INM son centros de “privación de la libertad”, por lo que se debe garantizar un trato a las personas conforme a los acuerdos internacionales.
Del mismo modo, pidieron con urgencia que se les brinden las facilidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las fronteras sur y norte de México.
Con información de Proceso
