La crisis económica global de la pandemia COVID-19 no tiene las características de la última gran crisis mundial de 2008, cuando el epicentro de la debacle fue el mercado financiero.
Esta crisis es inédita porque abarca a las personas, producción y bienestar, al mismo tiempo que termina provocando un crac bursátil. Es como si se tratara de las condiciones de una guerra convencional.
Si la situación de la economía es como si fuera una guerra, el Estado desplaza en forma inmediata al mercado para asumir un papel central, no solo en la batalla sanitaria contra el virus, sino en atender los riesgos económicos y la convivencia social.
En ese marco global, la crisis se está desplegando en América Latina a través de cinco canales de transmisión:
América Latina se enfrenta a esta crisis en condiciones frágiles, debido a que en los últimos años han predominado gobiernos neoliberales que han desarticulado la institucionalidad de la integración regional.
La integración sería, en las actuales circunstancias críticas, un activo crucial para enfrentar la crisis.
Guerra
América Latina ingresó a esta guerra en forma debilitada. Como se mencionó al comienzo, la pandemia de COVID-19 no es una crisis como otras pasadas.
Se parece a una guerra y en muchos sentidos lo es. Las personas se están muriendo. Los profesionales médicos están en la primera línea de combate. La distribución de alimentos y servicios públicos son esenciales. Y la población actúa como soldados ocultos porque luchan contra el enemigo (el virus) encerrados en sus hogares.
En una guerra convencional, el gasto público masivo en armamentos estimula la actividad económica y el Estado trata de asegurar los servicios esenciales. En esta crisis, el terreno de batalla es más complicado. Pero en ambas situaciones existe una característica común: el lugar central que ocupa el sector público.
En el blog especial sobre coronavirus del Fondo Monetario Internacional los economistas Giovanni Dell’Ariccia, Paolo Mauro, Antonio Spilimbergo y Jeromin Zettelmeyer publicaron “Política económicas para la guerra COVID-19”.
Para los países de Latinoamérica es una guía para diseñar la gestión de la economía basada en tres objetivos.
- “Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales”. Proponen aumentar los recursos para el tratamiento de COVID-19 y mantener la atención médica regular, la producción y distribución de alimentos, la infraestructura esencial y los servicios públicos.
Señalan que puede haber acciones intrusivas por parte del gobierno para conseguir insumos críticos y bienes finales, intervención en industrias clave y hasta nacionalizaciones selectivas.
Recomiendan que el racionamiento, los controles de precios y el castigo contra el acaparamiento de alimentos y productos de la canasta básica también pueden estar justificados en situaciones de escasez extrema.
- “Proporcionar recursos suficientes para las personas afectadas por la crisis”. Explican que los hogares que pierden sus ingresos directa o indirectamente debido a medidas de contención necesitan el apoyo del Gobierno. Precisan que el apoyo debería ayudar a las personas a quedarse en las casas mientras mantienen sus trabajos.
Promueven ampliar y extender los beneficios de desempleo y que se realicen transferencias de efectivo para llegar a los trabajadores independientes y a quienes no tienen trabajo. - “Prevenir la disrupción económica excesiva”. Advierten que las políticas deben salvaguardar la red de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, para que las actividades puedan reanudarse cuando la emergencia sanitaria disminuya. Los gobiernos deben proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, incluidos subsidios salariales.
La recomendación para Latinoamérica es que la emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan circunstancias excepcionales. Las políticas de apoyo a los hogares, las empresas y el sector financiero deben incluir una combinación de medidas de liquidez (provisión de crédito, aplazamiento de obligaciones financieras) y medidas de solvencia (transferencias de recursos reales).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas afirmó que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región.
En el informe especial “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales”, la CEPAL convoca a los países a repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e integración subregional y regional para asegurar las cadenas de suministro de bienes críticos, a promover una migración voluntaria, no forzada, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad, y fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción, entre otras medidas.
La Secretaria Ejecutiva dela CEPAL, Alicia Bárcena, señala que la integración regional es crucial para enfrentar la crisis, puesto que los países tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel regional, por lo que se requiere escalar las capacidades nacionales y regionales, principalmente en la producción y provisión de bienes de primera necesidad. Para ello, es imperativo impulsar el comercio intrarregional, aconseja Bárcena.
El estudio indica que América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020.
Sin embargo, los efectos de la crisisderivaron en el cambio de esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no descartan que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%, o incluso más.El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global, indica el organismo.
La mayoría de los países de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria. Por ello, la CEPAL promueve la necesidad de fortalecer los sistemas de salud con mayor y mejor gasto público. La región gasta en promedio el 2,2% del PIB en salud.
De acuerdo con el estudio de la CEPAL, se prevé que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global.
Un mensaje oportuno en ese informe es que el organismo de las Naciones Unidas llama a levantar las sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir el acceso de alimentos, suministros médicos y pruebas de la COVID-19 y asistencia médica. “Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, indica el documento.
La salida de capitales de países emergentes alcanzó el récord de 83.000 millones de dólares.
El último informe del Instituto Internacional de Finanzas plantea que “existe un freno repentino en el ingreso de fondos al mundo emergente y una salida de capitales sin precedentes. Supera ampliamente los registros de otros eventos como la crisis de 2008”.
El documento detalla que gran parte de la salida hasta marzo se explica por capitales que estaban invertidos en acciones, que sumó unos 52.000 millones de dólares. El resto fue 31.000 millones de dólares por colocaciones en títulos de deuda soberanos y corporativos.
El Instituto Internacional de Finanzas explica que es posible que los inversores se estén enfocando ahora en las consecuencias del coronavirus en los países emergentes, entre ellos los de Latinoamérica. Para advertir que “esto genera riesgos de una segunda ola de salida de capitales en estos meses”.
De los países de América Latina, Chile es señalado como el que enfrenta uno de los principales problemas debido a la elevada participación de inversores extranjeros en su mercado bursátil. En 2010, representaban cerca del 10% del PIB, mientras que el año pasado habían subido hasta el 30%.
Los pronósticos para el empleo en América Latina no eran buenos y tras la llegada de la pandemia COVID-19 son peores.
Vinícius Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, estima que la desaceleración económica global junto a la expectativa de propagación de la pandemia provocará un aumento del desempleo, en particular entre los más vulnerables, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social.
Hasta 25 millones de personas podrían incorporarse a las filas del desempleo a nivel mundial como causa de la pandemia, según nuevas estimaciones de la OIT, y una gran parte de ellos serán hombres y mujeres de Latinoamérica.
El estudio de la OIT también muestra que la cantidad de personas en situación de pobreza laboral podría aumentar en 35 millones, la mayoría en países de ingreso medio como los de la región.
El COVID-19 llegó cuando ya era notoria la falta de dinamismo económico en América Latina. En 2019 el crecimiento promedio fue apenas 0,1% y la CEPAL había previsto para 2020 un magro 1,3%. Desde la OIT advertían con esos datos que el desempleo aumentaría de 8,1% en 2019 a 8,4% en 2020. En números absolutos, los más de 25 millones de desempleados actuales, iban a aumentar a casi 27 millones este año.
Con información de Sputnik
