La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entrará en vigor este martes tras ser aprobada por el Legislativo de China y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping.
Aunque todavía no se ha divulgado el texto definitivo aprobado por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino), sí se ha filtrado que no tendrá efectos retroactivos salvo para “actos criminales de naturaleza continuada” y que las penas máximas podrán ser a perpetuidad.
Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una “mano negra” extranjera, apuntando a Washington.
Entre los detalles publicados hasta ahora por la prensa oficial de los 66 artículos divididos en seis capítulos que componen la ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal -acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes-, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.
La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, reveló que presidirá un Comité para la Protección de la Seguridad Nacional en Hong Kong, y que se crearán “unidades dedicadas” en la Policía y en el Departamento de Justicia para hacer cumplir la nueva ley.
Fue la líder hongkonesa quien reveló que la ley entrará en vigor “a más tarar en el día de hoy” una vez que el Gobierno local lo publique en su “Boletín Oficial”.
Ese será el último paso del proceso legislativo, después de que la ANP aprobase también hoy adjuntar la norma al Anexo III de la Ley Básica -la “mini-Constitución de Hong Kong”-, que permite precisamente que Pekín incluya leyes nacionales para su cumplimiento en la ciudad semiautónoma, que cuenta con un sistema legal propio.
Gobierno argumenta “necesidad urgente de aprobar la ley”
Lam defendió hoy en un mensaje grabado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la “necesidad urgente” de aprobar la polémica ley desde que comenzaron las protestas antigubernamentales a mediados del año pasado, y habló de “amenazas de actos terroristas” y de radicalización de jóvenes por parte de grupos independentistas.
“Era considerada una de las ciudades más seguras del mundo, y ahora la seguridad y la estabilidad se han convertido en preocupaciones relevantes”, apuntó Lam.
En su opinión, “ningún gobierno central miraría para otro lado ante amenazas a la soberanía y a la seguridad nacional, así como a riesgos de subversión del poder estatal”, en referencia a políticos del movimiento prodemocrático que “proclamaron que paralizarían el Gobierno hongkonés” o que “hicieron campañas para que gobiernos extranjeros interfirieran en los asuntos de Hong Kong o impusieran sanciones” a la ciudad.
Lam prometió que la ley solamente perseguirá a “una minoría extremadamente pequeña de personas que han infringido las leyes” y que “se protegerán la vida y propiedades y los derechos básicos y libertades de la gran mayoría de residentes de Hong Kong”.
La líder local avanzó que se respetarán los derechos del sospechoso como la presunción de inocencia, y que la norma no tendrá “efecto retrospectivo” -en los últimos días se especuló con la posibilidad de que fuese retroactiva-, al tiempo que garantizó que, “excepto en situaciones específicas y poco comunes”, serán las autoridades hongkonesas las que tengan la jurisdicción al respecto: “No afectará a la renombrada independencia judicial de Hong Kong”.
No obstante, el diario estatal “Global Times” cita a fuentes que aseguran que la nueva oficina del Gobierno chino en Hong Kong tendrá el “poder jurídico final”, capacidad de hacer cumplir la nueva ley y la última palabra sobre los casos que bajo ella se diriman.
La jefa del Ejecutivo hongkonés critica a gobiernos extranjeros
Por último, la jefa ejecutiva acusó a los gobiernos extranjeros que han denunciado el proyecto de ley -entre los que figura el de Estados Unidos- de tener “doble rasero”: “Todos los países que han apuntado con el dedo a China tienen sus propias legislaciones de seguridad nacional”.
“No se nos ocurre ninguna razón válida por la que se le tenga que impedir solamente a China que promulgue leyes de seguridad nacional para proteger cada parte de su territorio y a todos sus ciudadanos”, sentenció.
Minutos después de que la prensa hongkonesa anunciase la aprobación de la ley, las caras más destacadas de la formación prodemocrática Demosisto la abandonaron y, poco después, fue la propia organización la que anunció su disolución.
Su ya ex secretario general Joshua Wong aseguró que seguiría llevando a cabo su “protesta”, pero a partir de ahora “a título personal”, al considerar que, pese a que se deba “afrontar con valor” el “aciago destino” que se presenta, “la preocupación por la vida y la seguridad (personal) ya no es ninguna tontería” bajo esta nueva legislación.
“Es el fin de la Hong Kong que el mundo conocía. A partir de ahora, Hong Kong entra en una nueva era del reinado del terror”, lamentó el activista en su cuenta de Twitter.
Mensajes similares publicaron, también en redes sociales, Nathan Law y Agnes Chow, miembros fundadores de esa organización política impulsada en 2016 por estos tres antiguos dirigentes estudiantiles que desempeñaron un papel clave en la “Revolución de los Paraguas”, las protestas prodemocráticas que vivió Hong Kong durante casi 80 días en 2014.
Otros grupos independentistas menos conocidos, como el Frente Nacional de Hong Kong y Studentlocalism, anunciaron que ponen fin a sus operaciones locales: el primero las trasladará a Taiwán y el segundo las dividirá entre la isla, Estados Unidos y Australia.
Las empresas también han reaccionado: por ejemplo, la cadena de restaurantes Lung Mun Café, que se significó abiertamente a favor de las protestas en la ciudad, anunció hoy que se retira del “círculo económico amarillo”, un grupo de negocios que apoyan al movimiento prodemocrático.
Amnistía Internacional se pronuncia contra la ley
Entretanto, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional hablaba de “la mayor amenaza a los derechos humanos en la historia reciente” de Hong Kong.
Su director para China, Joshua Rosenzweig, aseguró en un comunicado que “a partir de ahora, China tendrá el poder de imponer sus propias leyes a cualquier sospechoso que elija” gracias a un “arma de represión que se empleará contra quienes critiquen al Gobierno, incluidos los que simplemente expresen sus puntos de vista o protesten de forma pacífica”.
Para Amnistía, Pekín busca “gobernar Hong Kong a través del miedo de ahora en adelante”, y advierte de la posibilidad de que se utilice la ley de seguridad nacional contra candidatos del movimiento prodemocrático en las próximas elecciones legislativas, previstas para septiembre de este año.
Eso sí, algunos activistas han renovado en redes su llamada a participar en la protesta antigubernamental anual del 1 de julio -fecha en la que en 1997 Hong Kong dejó de ser una colonia británica para volver a manos de China-, prohibida por primera vez este año desde 2003.
El mismo día de la conmemoración de la vuelta de Hong Kong a China, en Taiwán comenzará a operar una oficina con la que se pretende agilizar los trámites para los hongkoneses que quieran mudarse a la isla.
No obstante, según la agencia taiwanesa CNA, por ahora las leyes y normativas relativas a la inmigración no serán más favorables para los hongkoneses que antes.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, citó el ejemplo de la ley de seguridad nacional para asegurar que es imposible aplicar en la isla el modelo “Un país, dos sistemas”, que regula la autonomía hongkonesa dentro de China y que Pekín ofreció a Taipéi como vía para la reunificación pacífica.
“Estoy extremadamente decepcionada. China no cumplió con la promesa que hizo a Hong Kong”, apuntó la líder isleña.
La Declaración Sino-Británica de 1984, que articuló la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997, estableció el mantenimiento durante al menos 50 años a partir de esa fecha de una serie de libertades en el territorio, inimaginables en la China continental.
Abogados y activistas hongkoneses creen que la ley terminará por cercenar las libertades de que goza la ciudad frente al resto de China; no obstante, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de China sus portavoces han reiterado que los compromisos recogidos en el citado documento se cumplieron en su momento.
Con información de EFE
