El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles al Congreso que el fuero presidencial termine en septiembre y así cualquier mandatario en México pueda ser juzgado si cometió un delito.
“Las iniciativas nuestras ya prácticamente han sido aprobadas en su mayoría, hay otras pendientes. Para este nuevo periodo estamos solicitando respetuosamente, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, que se modifique el artículo 108 y 111 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no haya fuero para el presidente de la República, que pueda ser juzgado como es juzgado cualquier ciudadano”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde el estado de Querétaro.
“Entonces, esa iniciativa la presenté desde hace más de un año y la han modificado, no hay acuerdo; y ahora vuelvo a insistir para que, si se puede, sea la primera iniciativa en aprobarse, si así lo deciden los legisladores, que en septiembre ya se termine con el fuero presidencial”, agregó.
López Obrador indicó que con la aprobación de esta reforma se estaría acabando con cerca de 200 años de impunidad legal a los presidentes.
Gobernador de Querétaro niega acusaciones de Lozoya
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que las acusaciones en su contra realizadas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo involucró en el recibo de sobornos para aprobar la reforma energética de 2013 son con una “bajeza inaudita”.
“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción. Ha aportado sus dichos que valen lo que su prestigio: nada”, señaló este miércoles el mandatario estatal durante la conferencia de prensa matutina.
Domínguez insistió en que en las acusaciones en su contra “hay intención política” pues, dijo, atacan a un gobernador de oposición “bien calificado”.
Y denostó los dichos de Lozoya pues apuntó “no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso, yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades”.
De acuerdo con las declaraciones del caso Odebrecht hechas por Lozoya, Domínguez, Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y Salvador Vega Casillas, quienes se desempeñaron como legisladores en el Congreso de la Unión en las fechas señaladas, recibieron 80 millones de pesos (cerca de 3,6 millones de dólares).
Además, el pasado lunes se difundió un vídeo que muestra a colaboradores de Domínguez, Cordero y Lavalle recibir presuntos sobornos cuando trabajaban para senadores en 2013.
El martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió una investigación “seria” sobre el vídeo y afirmó que la filmación exhibe “el dinero que se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”.
El mandatario de Querétaro recordó este miércoles que siempre apoyó la reforma energética. Sin embargo, aclaró que lo hizo por “convicción”, por lo cual no podrían haber comprado su voto ya que “nadie compra lo que ya se tiene”.
Incluso, afirmó que él fue el encargado de presentar la reforma a diputados y senadores a nombre de su partido, el conservador Acción Nacional (PAN), e hizo 807 reservas y modificaciones.
Y señaló que, debido a ello, sufrió amenazas contra su vida ya que además quitó el control del Consejo de Administración de Pemex y cinco plazas en el sindicato.
Lozoya denunció la semana pasada al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por “ordenarle” usar 120 millones de pesos (5,4 millones de dólares) para que cinco senadores y un diputado avalaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada en 2013.
El exdirector de Pemex enfrenta en libertad las imputaciones por la red de sobornos de la trama Odebrecht y de la compraventa irregular de una planta de fertilizantes durante el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018).
López Obrador ha pedido tratar a Lozoya como “testigo colaborador” y “transparentar todo el proceso”, incluido los vídeos, para revelar la identidad de los políticos y el dinero que recibieron para avalar la reforma energética de 2013, a la que él se opone.
Con información del Gobierno de México y de EFE
