Falta de dinero, escasez de alimentos, falta de un lugar para dormir, inseguridad, falta de transporte, problemas con los documentos de viaje, son algunos de los obstáculos más comunes a los que se han enfrentado los migrantes y refugiados venezolanos al salir de su país. El coronavirus ha agravado la situación en once países de acogida en la región.
La pandemia de COVID-19, los desalojos, la pérdida del empleo, el poco acceso a la salud y la educación, y la imposibilidad práctica en la mayoría de los casos de cumplir con las normas de distanciamiento social y aislamiento han generado importantes retrocesos en la posibilidad de los venezolanos de integrarse a sus países de acogida, advirtió este jueves Eduardo Stein, representante especial de las agencias de la ONU para refugiados y migrantes venezolanos.
Sus palabras están incluidas en la presentación de una nueva encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto de Políticas de Migración en once países de América Latina y el Caribe que revela importantes datos demográficos de la población que ha salido de Venezuela.
El estudio detalla la situación de los venezolanos en 2019, antes de la pandemia, y asegura que aquellos que se dirigieron a los países vecinos inmediatos, como Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago, tienden a tener un nivel educativo más bajo que los venezolanos que se mudan a otros países más lejanos. También tienen más probabilidades de ser más jóvenes y solteros y reportan un acceso más restringido a la salud, y servicios psicosociales.
Quienes viajaron a países cercanos, pero no adyacentes, como Ecuador y Perú, también tienden a ser jóvenes, pero más de un tercio tienen un título técnico o superior.
El último grupo, que se trasladó a destinos más alejados (Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay) es mayor en promedio y reporta niveles educativos particularmente altos, con la mitad o más con una licenciatura o maestría.
“Como parte de la respuesta a la situación de emergencia de refugiados y migrantes venezolanos, desde 2017 la OIM ha recolectado datos intersectoriales sobre esta población que han sido clave para asegurar que las partes interesadas a nivel nacional y regional puedan tomar decisiones basadas en evidencia y eso también ha sido útil como insumo para el Plan Regional para Refugiados y Migrantes”, dijo Diego Beltrand de la OIM.
En los 11 países, los encuestados informaron tener una variedad de estados migratorios, lo que refleja las diferencias en sus perfiles, así como las políticas diversas y en gran medida acogedoras que los países de la región han diseñado para abordar uno de los flujos migratorios más grandes del mundo.
Porciones notables de venezolanos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay describieron haber obtenido la condición de residencia, solicitante de asilo o refugiado, mientras que Ecuador parece tener la mayor proporción de migrantes irregulares de los países incluidos en la muestra.
Dado que los países receptores ahora enfrentan el desafío de atender las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos, así como de las comunidades de acogida, y al mismo tiempo gestionar la crisis de salud pública de COVID-19, existe una necesidad urgente de datos oportunos y precisos sobre las características y vulnerabilidades de esta población.
“Necesitamos buenos datos para orientar las decisiones de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para que podamos convertir una crisis de flujo mixto, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, en una oportunidad a largo plazo para la región. aprovechando el talento y las habilidades de los refugiados y migrantes venezolanos que se han trasladado a otros países del hemisferio”, dijo el presidente del Instituto de Políticas de Migración, Andrew Selee.
Los desafíos experimentados durante el viaje de los venezque se informaron con mayor frecuencia en los 11 países, en orden de frecuencia, fueron falta de recursos financieros, escasez de alimentos, falta de un lugar para dormir, inseguridad, falta de transporte, problemas con los documentos de viaje, falta de información y preocupaciones de salud. En Guyana, el 80 por ciento de los encuestados expresó su preocupación por la inseguridad alimentaria, mientras que el 91 por ciento en Colombia experimentó problemas financieros durante el viaje.
Una proporción significativa de encuestados en varios países encuestados reportó acceso a la atención médica: Brasil (87 por ciento), Chile (80 por ciento), Paraguay (61 por ciento), Costa Rica (59 por ciento) y Trinidad y Tobago (57 por ciento). En contraste, el 62 por ciento en Guyana informó no tener acceso.
Pocos encuestados dijeron que tienen la intención de regresar a Venezuela; en todos los países excepto Colombia, el 5 por ciento o menos indicó una intención de regresar. Mientras que el 17 por ciento en Colombia declaró que tenía la intención de regresar, el 58 por ciento dijo que planeaba permanecer en Colombia y el 24 por ciento expresó su deseo de seguir adelante. Para los otros 10 países, más de las cuatro quintas partes dijeron que planeaban permanecer donde estaban.
Un número significativo informa que envía remesas u otros recursos a los dependientes en Venezuela. Casi tres cuartas partes de los encuestados en Trinidad y Tobago, el 56 por ciento en Ecuador y el 53 por ciento en Paraguay lo hicieron. Las proporciones fueron menores en Argentina (26 por ciento) y Costa Rica (21 por ciento).
