A pesar de los avances en la voluntad de actuar de las autoridades y los esfuerzos de las familias aún no se logra esclarecer lo sucedido con los jóvenes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014.
A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció los importantes logros alcanzados a través del trabajo conjunto entre el Gobierno del presidente López Obrador, la Fiscalía General y las familias, y alentó al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos a fin de lograr el pleno esclarecimiento del caso y el paradero de las víctimas.
Según la Oficina, la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ha jugado un papel fundamental para lograr avances durante este último año. Por su parte, la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República ha alcanzado importantes logros, entre los que destaca la identificación del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, basada en los hallazgos realizados, así como las primeras órdenes de aprehensión por desaparición forzada y tortura que habrían cometido altos funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, como se documentó en el informe “ Doble injusticia ” de la ONU-DH.
“La colaboración entre estas instituciones y la asistencia de los expertos internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) son un ejemplo regional del eficiente trabajo conjunto e integración de la cooperación internacional, inspirador para avanzar en la investigación de las más de 75 mil desapariciones registradas en el país”, aseguran en un comunicado.
Según el representante en México de Michelle Bachelet, los esfuerzos de las familias y la voluntad de actuar de las autoridades sientan bases sólidas para romper los pactos de silencio e impunidad que, a pesar de los importantes esfuerzos y logros de este año, aun impiden conocer la verdad de lo ocurrido a los estudiantes. “Será fundamental que, hacia adelante, el Estado mexicano persevere en su acción para romper las inercias y prácticas que históricamente han obstaculizado el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado.
Para ONU-DH, en la víspera de otro año desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sigue siendo apremiante que se conozca la verdad detrás de los ataques, obtener información relevante para conocer su paradero y sancionar a los responsables de la desaparición y otras violaciones a derechos humanos ocurridas en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, incluyendo la obstrucción de la justicia. “Los avances en el caso Ayotzinapa deben ser un impulso para trabajar sobre todas las desapariciones en el país”, recordó Fernández-Maldonado.
“La apertura de las autoridades a la cooperación internacional y los avances observados constituyen un positivo mensaje de esperanza a todas las familias de las personas desaparecidas de que es posible avanzar en la búsqueda de sus seres queridos y en la sanción a los responsables”, agregó.
Manifestación en la Ciudad de México en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Archivo: CINU/Mexico
Manifestación en la Ciudad de México en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La ONU-DH hizo un especial reconocimiento a las familias de los 43 normalistas desaparecidos por su incansable lucha para encontrar a sus seres queridos y reiteró su profunda solidaridad y empatía con las familias de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos.
Asimismo, reconoció la importante labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz), quienes representan y acompañan a las familias de las víctimas.
La Oficina de Bachelet en México continuará apoyando con asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base de su mandato en el país y el acuerdo suscrito por la Alta Comisionada el 8 de abril de 2019 en el marco de su visita oficial a México.
