Con críticas severas de la Oposición, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó el dictamen referente a la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes y la convocatoria de la misma, que se deberá de someterse a la aprobación de la mayoría simple del pleno de la Cámara Alta.
La resolución presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara constitucional la materia de la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción.
La pregunta aprobada por el Pleno de la Corte es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”}
Cabe recordar que la pregunta emitida por la SCJN es inapelable, por lo que a este grupo de trabajo sólo le correspondió decidir si el tema era de trascendencia nacional y emitir la convocatoria, en caso de ser aprobado el dictamen.
En la discusión, el senador Damián Zepeda Vidales, de la bancada del PAN, lamentó que se discutiera el dictamen de esta forma, pues consideró que la resolución del Poder Judicial fue una de las más vergonzosas de la historia. Apuntó que la pregunta no tiene trascendencia pues la redacción no detalla a quién se enjuiciará ni por qué acciones. Es usar políticamente la justicia, sentenció.
A su vez, el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, aseveró que la materia de la consulta era evidentemente inconstitucional del mismo modo que la pregunta, la cual fue reelaborada por la Corte. Afirmó que su bancada no es cómplice de la corrupción, por lo que consideró que llevar a consulta la justica no debería ser una opción.
Salomón Jara Cruz, senador de la mayoría legislativa, recordó que no está a debate la constitucionalidad, sino la trascendencia, lo cual cumple pues le incumbe a la mayor parte del territorio y la ciudadanía. Asimismo, señaló que la SCJN demostró que es posible estar a la altura de la realidad social. El acceso a la justicia es un derecho, no un privilegio, apuntó.
En su participación, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, aseveró que el dictamen entregado por la Corte se sustenta en la pregunta original, no en la que aprobaron, por lo que el dictamen debería modificarse. Además, la legisladora indicó que la materia no tiene trascendencia nacional.
La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, afirmó que la consulta es otro caso de simulación al que el Senado no debería prestarse pues tienen muchos asuntos más relevantes que atender. Puntualizó que la justicia no se pregunta, ya que no es necesario pedirle a nadie su opinión, simplemente acudir a presentar la denuncia correspondiente. No generemos este tipo de farsas mediáticas, acotó.
José Narro Céspedes, integrante de la bancada de Morena, dijo que la consulta popular es un acto de justicia social ante tantas injusticias, corrupción, desigualdad, saqueo, carencias y delitos de lesa humanidad. Con esta decisión se brinda la oportunidad para abrirnos hacia una vida verdaderamente democrática, aseveró.
A su vez, la senadora Nadia Navarro Acevedo, de la fracción parlamentaria del PAN, manifestó que más allá de las opiniones y de la resolución de la Corte, su trabajo como legisladoras y legisladores es hacer un buen trabajo, por lo que lamentó que el dictamen no contenga la fundamentación sobre la trascendencia del mismo.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló que este dictamen podía y debería mejorarse, así como recoger los razonamientos de la Corte y no los del Presidente para presentar un documento que sea el reflejo de un buen trabajo senatorial, responsable y que cumpla cabalmente con la Ley.
En su participación, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, acusó a la oposición de desvirtuar el debate, ya que el dictamen contiene toda la argumentación requerida. En este sentido, dijo que no necesitan los fundamentos de una ministra o ministro para emitir su voto. El pueblo de México quiere justicia, quiere hablar y está en su derecho, apuntó.
Jesusa Rodríguez Ramírez, senadora de Morena, dijo que, anteriormente, existía un país repleto de corrupción, impunidad y simulación, por lo que ahora que empieza a transformarse el país, quienes no quieren una democracia participativa están en contra de este tipo de decisiones. No puede haber nada más trascendente para el país que esta consulta popular, acotó.
El senador Juan José Jiménez Yáñez, de la bancada de Morena indicó que la trascendencia nacional se encuentra en el 81 por ciento de las mexicanas y los mexicanos que consideran que la corrupción es un tema serio. Nuestra bancada representa al pueblo de México, aseguró.
En su participación, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del PT dijo que la discusión se convirtió en un tema de posicionamientos políticos que no cambiarán la opinión de ningún integrante de la Comisión. Además, consideró que la argumentación contenida en el dictamen avala la trascendencia nacional de la consulta.
La senadora María Merced González González, de Morena, dijo que su bancada está consciente de que existe un pueblo agraviado que requiere justicia, por lo que brindarle a la ciudadanía esta consulta popular les dará alivio.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, remitió el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, quien lo someterá al Pleno para su aprobación, para la cual necesita mayoría simple.
Con información de Debate
