La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, así como la expedición de la convocatoria.
A través de su cuenta de Twitter, la Cámara de Diputados, informó que con 272 votos a favor, 116 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen que resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la ley, tras esta aprobación, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar la convocatoria y celebración de la consulta para el 1 de agosto de 2021.
Sin embargo, Morena anunció una reforma constitucional para hacerla coincidir con las elecciones intermedias del 6 de julio de 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados y 15 de los 32 gobiernos estatales.
El presidente López Obrador, impulsor de esta consulta, ha defendido que se celebre el mismo día de las elecciones para evitar que tenga un costo “exageradísimo”, aunque para los críticos lo que intenta el presidente es poder participar en la campaña electoral del próximo año.
A principios de mes, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que la consulta debe hacerse el 1 de agosto y criticó que el Gobierno quiera “cambiar la Constitución al contentillo” para modificar esta fecha.
La idea de convocar una consulta para enjuiciar a expresidentes es de López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un fuerte discursos contra la corrupción de los gobiernos anteriores, pero decidió que los ciudadanos elijan si se debe investigar a sus predecesores.
En una decisión polémica, la Suprema Corte de México avaló la constitucionalidad de esta consulta, si bien, para no vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, ordenó retirar de la pregunta los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta consensuada por los magistrados.
El 7 de octubre, el pleno del Senado de la República declaró procedente la petición de consulta popular presentada por el presidente de la República, así como la convocatoria para que se lleve a cabo. También avaló su trascendencia nacional.