El lunes 14 de diciembre Doña Librada estaba en la iglesia cuando, a eso de las siete de la tarde, recibió una llamada inesperada.
-Rápido -la apresuró una voz al otro lado del teléfono-. Toca las campanas.
Presta, la mujer de 48 años encargada de resguardar el templo dejó sus quehaceres y comenzó a tirar de unas cuerdas que sacudieron las dos campanas que coronan la torrecita azul claro de la parroquia de Donaciano Ojeda, una pequeña comunidad indígena ubicada en plena Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, en la zona oriente de Michoacán.
El ritmo de las campanas era frenético. Alocado. Muy distinto al doblar sereno de la misa y de los repiques lentos que anuncian muerte.
De inmediato, ante la señal de alerta, los vecinos comenzaron a salir de sus casas rumbo al zócalo del pueblo para reunirse en espera de noticias. Mientras tanto, a escasos cinco minutos en carro de distancia, en el poblado vecino de Carpinteros, un grupo de hombres peinaba el bosque persiguiendo a siete hombres que llevaban a dos personas secuestradas a bordo de dos camionetas, una Ford F150 con placas americanas, y una Volkswagen Tiguan negra que robaron esa misma mañana en un retén.
Cuatro comuneros que narran los hechos en condición de anonimato por seguridad, explican que los “mañosos” a los que perseguían eran de La Familia Michoacana.
Lo saben bien, recalcan en entrevista, porque un día antes esos hombres llamaron a sus casas para exigirles comida y cobijas, y vieron que en cuello y hombros llevaban tatuadas las palabras ‘LFM’, un tigre, y el emblema ‘el Sobrino’; un integrante de La Familia Michoacana detenido el pasado 23 de octubre, también apodado por la prensa local como “el terror de Zitácuaro”.
Ese mismo lunes, antes de que se desatara la persecución en el monte, los comuneros fueron a las 10 de la mañana al cuartel de la Guardia Nacional, en la carretera Zitácuaro-Toluca, para denunciar la presencia de este grupo armado en Carpinteros desde el domingo. Pero nadie le hizo caso: “Nos dijeron que no tenían personal y que no podían ayudarnos”.
A la par, el comando llevaba ya horas acosando a la comunidad: armados con fusiles de asalto R-15 y ataviados con chalecos repletos de cargadores, instalaron retenes en las carreteras donde cobraron cuotas, robaron una camioneta a un vecino, y balearon a un coche que no quiso detenerse en el retén, matando a una mujer de la comunidad de Francisco Serrato tras acertarle varios disparos en la columna.
Y fue tras este homicidio cuando la comunidad estalló: minutos después del repicar de las campanas, cientos de personas ya estaban reunidas en la iglesia, enardecidas y listas para unirse a la caza con machetes y escopetas.
Pero ese día la situación no fue a más: los comuneros cuentan que 10 horas después de que les pidieran ayuda, la Guardia Nacional llegó a Donaciano junto con la policía estatal para contener a la turba y desarmarla.
La cuota del narco: 12 mil pesos por hectárea de cultivo
Los vecinos entrevistados coinciden en que la llegada del narco a sus pueblos y a sus bosques ha sido gradual. Antes, la violencia solo se escuchaba en la cabecera municipal, en Zitácuaro. Pero desde hace un par de años, la delincuencia ha buscado diferentes formas de entrar a las comunidades indígenas de Donaciano Ojeda, Carpinteros, Crescencio Morales, Francisco Serrato, y a sus bosques semivírgenes donde cada invierno llegan millones de mariposas monarcas que viajan más de 4 mil 500 kilómetros desde las praderas frías de Canadá y la costa Este de Estados Unidos para hibernar en México de noviembre a marzo.
“Empezaron muy discretos; tirando algo de droga por aquí y por allá, y buscando cómplices dentro de los ranchos para ir tejiendo la red”, explican.
Pero ahora esos intentos ya no son nada discretos. Sobre todo desde 2020, cuando al recrudecimiento de la violencia en la zona oriente de Michoacán y el vecino Estado de México –un polvorín donde La Familia y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan la zona junto a otros 26 grupos– ha generado que el narco busque expandirse y expandir sus negocios ante la competencia criminal por el territorio.
Un mes después del primer intento de La Familia de establecerse en las comunidades, el 16 de enero lo intentaron de nuevo: otro grupo llamado Los Cristaleros -reducto de Los Caballeros Templarios- entró a Donaciano ofreciendo “ayuda” a las autoridades comunales indígenas.
“Nos dijeron que ellos no cobran cuotas y que no financian a talamontes que destruyen nuestros bosques y la monarca, como sí hace La Familia”, cuenta Martín, uno de los muchos campesinos que fueron víctimas de las extorsiones: “Nos llamaban y nos hacían bajar a Zitácuaro a pagarle al Sobrino una cuota de 12 mil pesos por hectárea de aguacate”.
A cambio de su protección, los Templarios querían vender cristal (metanfetamina) en las comunidades.
Las autoridades indígenas rechazaron el ofrecimiento y exigieron al grupo que saliera de inmediato. Estos se negaron, se atrincheraron en el bosque de Carpinteros, y una delegación de comuneros se trasladó al día siguiente, el domingo 17, al cuartel de la Guardia Nacional para pedir ayuda, con el mismo resultado de un mes atrás: no disponían de elementos suficientes.
La delegación regresó con la noticia y un grupo de alrededor de 40 comuneros tomó la decisión de enfrentar al grupo criminal que los recibió a balazos en el bosque. El saldo: nueve muertos, según la Fiscalía estatal, 11 según los comuneros, de los cuales tres eran defensores del bosque.
Fue ahí cuando, ante el abandono de las autoridades, las comunidades se decidieron a organizar sus propias policías indígenas para recuperar la paz en la Reserva Monarca.
“O nos organizamos, o morimos”
Luis es originario de Crescencio Morales y lleva más de 10 años estudiando la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Esta reserva es una zona protegida que abarca 56 mil 259 hectáreas -desde el municipio de Senguio, al norte de la zona oriente de Michoacán, a San Juan Xoconusco, en el sur-, y que fue creada mediante un decreto del gobierno mexicano en 1980 -ampliado en 1986 y en el 2000-, luego de que en 1976 el zoólogo canadiense Fred Urquhart reportó la ubicación de los sitios de hibernación de las monarcas en los bosques de Michoacán.
Pero Luis, cuya identidad cambió por seguridad, explica que los decretos gubernamentales no han frenado a grupos como La Familia.
“El narco patrocina a los talamontes”, plantea. “Les dan protección para que vendan la madera en el mercado negro exigiéndoles a cambio una cuota”.
Y, al mismo tiempo, esa tala ilegal origina muchas otras consecuencias.
En primer lugar, expone Luis, “la tala voraz” provoca que los ríos cambien su caudal y que muchas especies vegetales, como el pino y los árboles de oyamel, sean arrasadas por la falta de agua y humedad.
