Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, de 34 años de edad, admitió el pasado 12 de marzo negocios intencionales con empresas mexicanas identificadas como narcotraficantes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según documentos judiciales, la hija de “El Mencho” tiene doble ciudadanía, mexicana y estadounidense.
Oseguera González violó las sanciones penales de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico (Kingpin Act), al realizar transacciones con seis firmas mexicanas incluidas en la lista negra del Tesoro por apoyar las acciones de la organización criminal mexicana Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por su padre.
En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso, la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act que dio poderes a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial.
Basada en la Lista Clinton, la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas contra los carteles colombianos, pero ahora aplicadas a México, Perú, Asia, África, Europa y Medio Oriente.
De acuerdo con testimonio del director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo.
Según la web de la Casa Blanca, el objetivo de esta ley es negar a los traficantes de narcóticos extranjeros, a sus negocios relacionados y a sus operarios el acceso al sistema financiero estadounidense y prohibir todo el comercio y las transacciones entre los traficantes y las compañías e individuos en territorio norteamericano.
El diario The New York Times publicó en abril de 2009 que esta norma ha sido utilizada para que el gobierno persiga a docenas de organizaciones criminales involucradas en narcóticos en todo el mundo.
También escribió que “la ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los cárteles que se encuentran en las jurisdicciones de Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayudan a los cárteles a manejar su dinero”.
