Alberto Fernández llegó a Ciudad de México antes de asumir en Balcarce 50 y se encontró a solas con dos halcones de Donald Trump, por entonces presidente de los Estados Unidos. Mauricio Claver, actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Elliot Abrams, un lobista republicano con pasado opaco en Centro América, que le pidieron a Alberto Fernández que Argentina no abandonara el Grupo de Lima cuando sucediera a Mauricio Macri.
“Okey”, contestó el actual Presidente. Y remató: “Pero no me pidan nada. Porque no lo voy a hacer. El Grupo de Lima es un sello de Estados Unidos, y creo que hay que hacer otra cosa con Nicolás Maduro y Venezuela”.
Durante catorce meses, La Casa Rosada y la Casa Blanca mantuvieron la ficción diplomática de actuar juntos en el Grupo de Lima, un foro regional coordinado por Washington para forzar la salida de Maduro y abrir la transición de Venezuela hacia la democracia.
En este contexto, Trump y luego Joe Biden apostaban a Juan Guaidó como líder de la oposición venezolana y garante del proceso institucional que debería terminar con el régimen populista de Maduro. En cambio, Alberto Fernández siempre descalificó a Guaidó y fue una de las razones políticas que aceleraron su renuncia como miembro pleno del Grupo de Lima.
La decisión presidencial fue cuestionada por el Departamento de Estado y fortalecen las sospechas en el Ala Oeste de la Casa Blanca: los principales asesores de Biden para América Latina opinan que Alberto Fernández sólo cumplen las órdenes de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Y una prueba de esta opinión política sería la salida del Grupo de Lima, pese al compromiso asumido por Alberto Fernández cuando se encontró con Claver y Abrams en la Ciudad de México.
La salida del Grupo de Lima fue relativizada por la diplomacia del Gobierno y aseguran en la Cancillería que Alberto Fernández diseña una salida a la crisis de Venezuela que no implique satisfacer la agenda regional de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, el presidente estaría conversando con la Unión Europea, Canadá y México -miembros plenos del Grupo de Contacto- para abrir una mesa de negociaciones que incluiría al dictador Maduro.
El Departamento de Estado conoce las intenciones de Alberto Fernández e interpreta que es sólo un argucia para permitir que Maduro continúe en el poder sostenido por China, Rusia, Irán y Cuba. Al principio de su mandato, Biden consideró que el jefe de Estado podía colaborar en la transición democrática en Venezuela, pero esa perspectiva geopolítica se evaporó hace unas semanas cuando Argentina dejó trascender en Washington que se retiraba del Grupo de Lima.
La distancia diplomática entre Alberto Fernández y Biden se consolidó ayer con las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Casa Blanca apoya -aún- las conversaciones entre Martín Guzmán y la socia gerente Kristalina Georgieva y se sorprendió escuchar que la vicepresidente aseguraba que no es momento de pagar la deuda contraída por Macri en 2018.
Esas declaraciones de CFK, sumadas a las opiniones de los asesores de Biden respecto al poder real en Balcarce 50, colocaron en una posición muy difícil al ministro de Economía. Dos días antes, en su cónclave con Georgieva, Guzmán había avanzado en una hoja de ruta con el FMI y había ratificado que tenía todo el apoyo político de Alberto Fernández.
Cristina hizo su propio juego y afectó la imagen institucional del titular del Palacio de Hacienda.
Georgieva y Guzmán acordaron en su reunión a solas una hoja de ruta que impactaría en la economía y en la campaña electoral que protagonizarán el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esa era la intención de la directora gerente del FMI y el titular del Palacio de Hacienda antes del discurso de CFK en Las Flores.
Durante el cónclave de dos horas ocurrido en DC, Guzmán y Georgieva habían exhibido una nítida sintonía geopolítica y se mostraron confiados en lograr que la negociación entre Argentina y el FMI concluyera tras los comicios de medio término en octubre.
Los dos funcionarios contaban con el apoyo de Biden y su administración. Un cálculo político que Cristina se transformó en un pantano infinito.
Cuando Donald Trump ocupaba la Casa Blanca, se opuso al aumento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, un recurso extraordinario que sirve para aumentar las reservas de los países en desarrollo. Georgieva planteó su ampliación en una reunión del G20 en Arabia Saudita, pero Estados Unidos junto a la India descartaron esa posibilidad en un mundo inestable que entraba en pandemia.
Trump siempre rechazó la ayuda multilateral y los acuerdos de cooperación en el sistema global. Y la India no quería que Pakistan -su enemigo mortal- mejorara su sistema financiero en un momento de fuerte tensión diplomática. Conclusión: no hubo incremento de los DEG, una decisión institucional que era aguardada con mucha expectativa por Alberto Fernández y Guzmán.
El triunfo de Biden cambió la agenda mundial y abrió una ventana geopolítica vinculada a la transferencia de recursos financieros desde las naciones ricas a los países pobres y medianos. Yanet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, estaba de acuerdo en aumentar los DEG y conversó sobre este asunto con su amiga Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
En una muestra contundente de los nuevos tiempos, Yellen y Georgieva lograron que el G7 aumentarán los Derechos Especiales de Giro (DEG) para todos los países del G20. Así fue como Argentina logró obtener 4.450 millones de dólares extras del FMI que llegarán entre julio de agosto de este año.
