La indignación selectiva por el acto de aplicar la ley explica bastante de cómo es que la impunidad tiene campo fértil en nuestro país. Y es que cuando la ley beneficia de alguna forma a un grupo, quien la aplica es justo… pero bipolarmente, si aplicar la misma ley, se traduce en afectaciones políticas, entonces ya hay tiranía y asuntos personales.
El Consejo General del INE resolvió, ateniéndose a la estricta aplicación de la ley, cancelar varios registros de candidatos que no justificaron sus gastos de precampaña. La legislación aplicada fue la misma que promovió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, como opositor, vivió la asimetría de la competencia electoral ante los candidatos de los grupos de poder que despilfarraban -igual que ahora lo hacen otros- a lo largo de las precampañas y campañas mismas.
El problema de Morena y el presidente no está en la obstinación por ideologizar la aplicación de la ley, como cuando afirmó en la mañanera que “ahora están convertidos en el supremo poder conservador” refiriéndose al INE. Ni siquiera el problema principal es hacerlo todo personal. Es la ignorancia.
La ignorancia de la ley, de las reformas promovidas en gran medida por su movimiento para fortalecer los criterios de fiscalización, el nivel de las sanciones en la ley y la trascendencia de que el INE de hoy es producto de las reformas impulsadas ante los atropellos que él mismo sufrió, pero que ahora, no le gustan.
También está en omitir la profesionalización de sus equipos y pensar en que las mayorías pueden aplastarlo todo, hasta las reglas de la democracia. La gran confusión dentro de los comportamientos de sus militantes y de los promotores y creadores de discusiones artificiales en la red fortalecidas por bots está en pensar que todo aquel que disiente, automáticamente es parte del “enemigo”. El problema es alimentar la impunidad con cada acto al pensar en que contar con el apoyo presidencial y popular es suficiente para incumplir con las reglas básicas de la materia electoral… igual que la vara para medir el registro previo de candidatos fue lo suficientemente laxa como para permitir que un sujeto acusado de violación por 6 víctimas, sin sentencia por abuso de poder y con los vínculos más cuestionables.
Hoy se construyen las narrativas de que la ley, sus aplicadores y operadores como el INE y algunos juzgadores, son el enemigo. Nada más peligroso para la dinámica institucional que matar la credibilidad a toda costa con la única intención de legitimar los comportamientos ilegales.
También está en omitir la profesionalización de sus equipos y pensar en que las mayorías pueden aplastarlo todo, hasta las reglas de la democracia. La gran confusión dentro de los comportamientos de sus militantes y de los promotores y creadores de discusiones artificiales en la red fortalecidas por bots está en pensar que todo aquel que disiente, automáticamente es parte del “enemigo”. El problema es alimentar la impunidad con cada acto al pensar en que contar con el apoyo presidencial y popular es suficiente para incumplir con las reglas básicas de la materia electoral… igual que la vara para medir el registro previo de candidatos fue lo suficientemente laxa como para permitir que un sujeto acusado de violación por 6 víctimas, sin sentencia por abuso de poder y con los vínculos más cuestionables.
Hoy se construyen las narrativas de que la ley, sus aplicadores y operadores como el INE y algunos juzgadores, son el enemigo. Nada más peligroso para la dinámica institucional que matar la credibilidad a toda costa con la única intención de legitimar los comportamientos ilegales.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto), el Tribunal Electoral tiene competencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, los siguientes tipos de controversias electorales. Es falso que una controversia electoral pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como afirma en algunos videos de Félix Salgado Macedonio. El asunto es que el diseño institucional del Tribunal amenaza su autonomía por el simple hecho de que sus integrantes puedan ser nombrados por el acuerdo político del Senado, a propuesta de la Suprema Corte, haciendo que los magistrados electorales que integran la Sala Superior y las regionales deban, de cierta forma, su nombramiento a las fuerzas políticas dominantes.
La determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la trascendencia de respaldar la estricta aplicación de la ley o seguirá dinamitando las acciones del árbitro electoral. Pero los caprichos salen caros. De por sí, sostener la candidatura del impresentable de Félix Salgado Macedonio, cobrará a la 4T una factura a nivel nacional. El cálculo de que pueden hacer lo que gusten es cierto pero incorrecto. Cierto porque, a pesar de los límites legales y constitucionales que pensábamos pétreos, la voluntad política ha imperado por encima de cualquier obstáculo legal. Si la ley no favorece, la reforman. Si la Constitución no permiten, la buscan reformar también. Pero el cálculo es incorrecto porque en política, ningún triunfo es eterno y los precedentes que se van dejando alimentan a México como un sistema de impunidad, que premia el amiguísmo y el vandalismo, la misoginia, el pacto patriarcal.
La oportunidad que tuvo el INE de cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio por un criterio de violencia y abuso de poder se perdió. Significa que para lograr un alto a los agresores en el poder, las víctimas tendrán que redoblar esfuerzos para obtener sentencias pensando en todas y no sólo en la reparación del daño personal que se pudo haber generado, a propósito de Eleazar Gómez.
Un violador podrá ser gobernador puesto que el único obstáculo que ha encontrado está en la falta de informes de precampaña y la irregularidad en su financiamiento. Casi casi igual que a México Libre. Pero igual nos faltará el anhelado precedente del violentador excluido por tener suficientes motivos para dudar de que el proceso penal en su contra fue un asunto de impunidad. Si el Tribunal revoca el acuerdo del INE, confirmará que México es el país del amiguismo y el silencio, donde cualquier respaldo presidencial pesa más que marco legal.
