Pobladores de la comunidad indígena de Xuchitlán, del municipio de San Salvador, Hidalgo, llevaron el ataúd de Leobardo Hernández Regino al sitio donde recibió la herida de muerte de parte de la policía el pasado 1 de junio: el Palacio de Gobierno del estado.
Ayer, después de 15 días en terapia intensiva, el joven falleció a consecuencia de las heridas ocasionadas por un proyectil disparado por un elemento de la Agencia de Seguridad estatal cuando se campesinos se manifestaban para exigir obra pública.
Por la bomba de gas lacrimógeno que impactó en su cráneo, Leobardo cayó de inmediato; su cuerpo quedó tendido mientras se desangraba, en tanto los policías dispersaban a los demás pobladores con uso de la fuerza.
Investigan a policías
En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el gobernador Omar Fayad dijo que las actuaciones de los elementos de seguridad que no cumplan con los protocolos establecidos serán investigados y, en caso de ser necesario, sancionados.
Insistió en su postura de que lo sucedido es una muestra “de como el derecho a manifestarse de la ciudadanía es mal dirigido por intereses políticos que vulneran la integridad y alteran las expresiones más genuinas, propias de una democracia”.
Cuando se pronunció sobre el tema, al emitir su voto el 6 de junio, consideró que detrás de la protesta había “manos que mecen la cuna”, por ocurrir en víspera de la elección.
Aunque el gobierno del estado –que desde el primer instante afirmó a través de la Secretaría de Seguridad Pública que actuó en apego a la ley y en respuesta a presuntas agresiones de los campesinos– sostuvo desde el inicio que Leobardo se encontraba estable, el dictamen médico emitido un día posterior a su ingreso al Hospital General de Pachuca revelaba que el pronóstico de vida era reservado y que, en caso de sobrevivir, tendría secuelas graves.
No obstante, este informe fue ocultado a la familia, que pedía conocer el estado en el que se encontraba su paciente y que un grupo externo de médicos lo valorara.
Según este documento, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) dio a conocer en la recomendación R-VG-0002-21 dirigida a la Agencia de Seguridad, en la que determina que hubo una actuación excesiva por parte de los granaderos, Leobardo presentó un traumatismo craneoencefálico severo por OMS, Marshal III.
El diagnosticó del grupo de medicina crítica, firmado por el director del nosocomio, especificaba que, por el proyectil, el joven tuvo fractura contuso contundente, penetrante a cráneo; postoperadia de esquirlectomía, plastia dural, reparación de carótida interna, crenealización de seno frontal lateral y fracturas multifragmentarias etmodial, esfenoidal y frontal.
Además, tuvo una hemorragia subaracnoidea Greene II, Marshall lesión tipo difusa II; sangrado de tallo cerebral, quiasma óptimo y hemorragia con irrupción ventricular GRAEB 4 puntos, más un edema cerebral Lazner II.
Los neurocirujanos intervinieron con una operación para el control de daños, aunque Leobardo tenía una lesión en el área frontal con exposición de masa encefálica por varias horas, así como alto sangrado, lo que ponía en riesgo su vida.
El diagnóstico decía: “Alto riesgo de mortalidad, alto riesgo de discapacidad, alto riesgo de complicaciones postoperatorias como sería neuroinfección, hipertensión endocraneal o herniación de masa encefálica”.
Policías exigen mejores salariales y defienden a acusado
Dos días después del ingreso de Hernández Regino al hospital, policías estatales se manifestaron con el cierre de vialidades y una protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir mejores salarios y condiciones para el retiro, el regreso del bono de riesgo y legalidad en los ascensos y promociones, pues acusaron que éstos sólo beneficiaban a los allegados al secretario Mauricio Delmar.
Durante esos actos, un grupo se inconformó por la detención de A.B.R., agente del estado que lesionó a Leobardo. Con pancartas y consignas expusieron que siguió las órdenes de la cadena de mando.
El lunes, la Comisión de Derechos Humanos del estado pidió al comandante de la ASE, Uriel de Jesús Moreno Castro, que instaure el procedimiento de investigación correspondiente contra este elemento y contra J.M.B.C., también posiblemente involucrado en los hechos, que capacite a los policías en uso de la fuerza y armas no letales, para que un caso como este no se repita, además de la reparación integral del daño a la víctima.
En tanto, al conocer el deceso, la Procuraduría informó que reclasificó el delito de lesiones por el de homicidio culposo contra el agente A.B.R., quien se encuentra bajo la medida preventiva de monitoreo a través de dispositivo electrónico, vigilancia y prohibición para acudir al trabajo, a domicilios particulares de sus compañeros del trabajo y para salir del país.
Los pobladores de Xuchitlán insistieron en la demanda de justicia a Omar Fayad y en la no criminalización de la protesta. Después del acto simbólico en el sitio donde fue herido, en el que guardaron un minuto de silencio en memoria de la víctima, y tras marchar con el féretro desde el velatorio hasta la sede del Poder Ejecutivo, el cortejo fúnebre se marchó hacia su comunidad.
