El Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, explicó que los bloqueos realizados por algunos Ministerios Públicos y Policías de Investigación obedecen a recursos que fueron gestionados ante Gobierno del Estado, ya que la institución de procuración de justicia no está en posibilidad de realizar el aumento que los trabajadores exigen, situación que les fue informada desde el inicio.
“Ellos efectivamente han estado llevando a cabo reuniones desde el mes de abril, mismas que se han estado llevando preponderantemente con Gobierno del Estado; nosotros desde el principio y ha sido el señalamiento recurrente de nuestra parte, desde finales del año pasado, que la Fiscalía no tiene los recursos suficientes como para pagar esta prestación o las prestaciones que están solicitando”, señaló.
Sobre la entrega del recurso en su totalidad, se explicó que tendría que hacerse en dos exhibiciones para no violentar la ley, pero este, estaría etiquetado para ser destinado a las y los trabajadores.
“Lo que les hemos dicho, es que en el momento en que Gobierno entregue esa cantidad de dinero a la Fiscalía, nosotros inmediatamente la dispersamos conforme lo marca la ley de disciplina financiera”, indicó.
El titular explicó que sería muy irresponsable comprometerse a entregar un recurso con el que la institución de procuración de justicia no cuenta, razón por la que se mantiene la comunicación con las autoridades correspondientes; ya que este no fue un compromiso hecho directamente con la institución.
“Nosotros hemos estado muy en contacto con las autoridades estatales, de hecho, la contadora Norma García, directora de asminitracion de la Fiscalía, ha estado en contacto, tanto con personal de Finanzas tratando de ver la viabilidad de que entreguen esa cantidad para poderla dispersar, pero nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia comprometer un recurso que no tenemos y que por eso nosotros siempre le hemos hablado a las y los trabajadores con la verdad”, mencionó.
Federico Garza Herrera, solicitó a las partes involucradas no afectar a la ciudadanía, y entender que se están trastocando los derechos de terceros; además de hacer un llamado a la suma de voluntades para resolver el conflicto.
“ A las personas inconformes les diría que entraran en cordura, vean que las acciones que están realizando atentan contra ciudadanos que nada tienen que ver, con el incumplimiento de una voluntad, esto está trastocando los derechos de personas que van rumbo a zona industrial a prestar sus servicios y que viven el día a día a través de la remuneración que les dan y a la autoridad de Gobierno estatal que cumpla con su palabra y si no, que se hable con los trabajadores con la verdad”, concluyó.
