Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, emitió la noche del lunes 22 de noviembre un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar los proyectos del Gobierno, considerados ahora de seguridad nacional.
Sin embargo, el proyecto ha tenido numerosas críticas por parte de la oposición, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), y a la que se sumaron periodistas, analistas y politólogos para pedir la intervención de diputados, senadores o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación con efecto inmediato.
Margarita Zavala, legisladora por el PAN, consideró que se trata de una medida que representa “un asalto a la Constitución”, por lo que llamó al Congreso de la Unión a discutir el tema en próximas fechas y pronunciarse al respecto.
“Obligan a dar todos los permisos en cinco días por doce meses para todos los proyectos del gobierno, sin importar impactos, estudios, derechos … y refrenda todo el gabinete; se trata de un asalto a la Constitución y al Estado de Derecho”, escribió la diputada de oposición.
Por su parte, Lilly Téllez, periodista y senadora también de la bancada del PAN, ironizó la frase clásica de AMLO, “Todo por la razón, nada por la fuerza”, para cambiarla a “Todo por decreto, nada por cordura” y llevará una propuesta hasta el Senado.
“Mañana propondré a @senadoresPAN el ejercicio de una Acción de Inconstitucionalidad contra el arbitrario Acuerdo Presidencial que pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos. Y les urge un abogado porque les vamos a ganar”, advirtió la senadora.
Gabriel Quadri, otro miembro de la oposición en la Cámara de Diputados, escribió a través de sus redes sociales que ahora se ha formalizado “pasarse por el arco del triunfo toda la legislación y regulaciones ambientales aplicable a proyectos de infraestructura”, además de referirse al presidente como un “autócrata en acción”.
Carlos Loret de Mola, periodista y presentador en el portal Latin Us, consideró que parte del decreto tiene que ver con una reciente investigación de su equipo donde se reveló la entrega de contratos a empresas fantasma del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
“El presidente quiere esconder por decreto estos contratos. ¿Por qué será?”, escribió en su perfil oficial de Twitter, al tiempo que rememoraba la investigación.
Javier Lozano, abogado y ex funcionario público, fue tajante al asegurar que se trata de un decreto “absolutamente inconstitucional e inmoral”, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal como “un peligro para México”.
“No tiene madre”; “Totalmente de acuerdo. Son unos atascados”, fueron algunos de sus tuits.
Por último, uno de los comentarios más amplios y compartidos a través de las redes sociales, fue el de la escritora y politóloga Denise Dresser, quien aseguró que se trata de un “cheque en blanco a las fuerzas armadas”, pues consideró que ahora se les otorgarán permisos “al vapor”, escudados bajo el argumento de la “seguridad nacional”.
”Así garantiza opacidad, se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización con la que pretende perpetuar su proyecto”, apuntó.
Pero ahí no se detuvieron sus críticas, pues también consideró, como los anteriores, que se trata de un “decretazo presidencial peligroso e inconstitucional”, y pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso.
“Con el argumento de la “seguridad nacional” pondrá en riesgo la funcionalidad básica del Estado, al cancelar requisitos legales y operativos para las obras de infraestructura”, finalizó.
