En entrevista con el periodista Julio Hernández, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, dijo que el Gobierno de México defenderá el decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito y “se irá con todo” contra la demanda por 4 mil mdp, además de que analizan si en el audio se menciona la comisión de algunos delitos para abrir carpetas de investigación.
Respecto al audio donde se escucha a empresarios encabezan al menos tres proyectos en distintas superficies de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, al abogado Gustavo Barrera López, así como algunos comuneros de esta misma, hablar de una estrategia para lograr la anulación del decreto que protege la Sierra de San Miguelito, entre lo que destaca una demanda por 4 mil mdp contra la Presidencia de la República, la secretaria consideró que no ha habido el respeto al debido proceso.
“Sí quisiera exhortar a los juzgados y a los abogados defensores se conduzcan con honestidad y ética, atendiendo el principio del debido proceso, lo que creemos no está pasando”.
Albores González informó tener conocimiento de 35 juicios de amparo y seis juicios de nulidad, que se han resuelto a favor de la ANP, lo que quiere decir que no se le ha otorgado algún amparo a particulares.
“Esta Secretaría a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hemos utilizado todos los medios que tenemos que utilizar para la defensa, recursos de revisión y quejas ante los juicios, hemos defendido nuestra ANP, porque eso fue parte del compromiso con los ejidos y comunidades, y los particulares están en todo el derecho de reclamar los actos de autoridad”.
Aseguró que la Semarnat confía en que la protección del medio ambiente y del bien común estará siempre por encima de beneficios particulares, y que cuando iniciaron con los trabajos de la declaratoria sabían que habría una presión inmobiliaria sobre los poseedores de la tierra: las y los ejidatarios. Por lo que defenderán este decreto del cual tiene la certeza de que en el proceso se respetaron los derechos de los ejidatarios y de las comunidades.
Ante el cuestionamiento de ¿si la presidencia de la república está en riesgo de tener que pagar 4 mil millones de pesos por daños y perjuicios? La titular de la dependencia aseguró que no existe tal riesgo y se irán con todo en este sentido.
“Nosotros como gobierno, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a defender y tener un ambiente sano. Tenemos todo el derecho como Gobierno de México, estamos hablando de un derecho colectivo y un bien colectivo porque esta ANP de la Sierra de San Miguelito lo que tiene son las principales zonas de recarga de agua en la parte alta de la capital del estado”.
Respecto al estado de la demanda contra la Presidencia de la República, María Luisa Albores informó que es una demanda por gastos y perjuicios contra el decreto, y en realidad aún no existe un monto específico, sino que la cifra de 4 mil millones de pesos es una especulación de la contraparte, la cual ya ofreció pruebas periciales en materia de topografía, geología, hidrología, impacto y riesgo ambiental entre otros, y por su parte la Semarnat ya también nombró peritos en cada una de estas materias.
“El juicio está en la etapa de desahogo de pruebas y nosotros también vamos a presentar nuestras pruebas”.
Por otra parte, la titular indicó que el área jurídica de la Semarnat, así como la Consejería Jurídica, ya realizan un análisis del audio de la conversación entre empresarios y comuneros para revisar la posible comisión de delitos y, en su caso, abrir carpetas de investigación.
En el tema del aumento de amenazas y hostigamiento contra comuneros e integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito tras la difusión del audio, Albores González reiteró la apertura para comuneros y defensores del medio ambiente, para que la Semarnat y Conanp gestionen los mecanismos de protección necesarios con la Secretaría de Gobernación.
La secretaria también señaló que el audio muestra cómo operan estas inmobiliarias para meter presión, y es algo que pasa en diferentes ciudades del país, consideró que no operan de manera clara ni directamente en asambleas de la gente, sino valiéndose de las necesidades de la gente, mal informando, porque lo que llegan a pagar son a veces migajas comparado con las ganancias que obtendrán.
En este sentido puntualizó que está en juego un decreto, que no se hizo desde el escritorio, sino que tiene legitimidad a través de la población que le solicitó su creación al presidente en sus visitas,.
Además, recordó que el objetivo central de la ANP es la conservación y el cuidado ambiental, y en este caso cuando se hizo el estudio previo justificativo, además de la lista de especies, lo más destacable son sobre todo las zonas de recarga del acuífero, lo que cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que la presión más fuerte que se tendrá en años venideros es el agua y justo hay mucha presión de las inmobiliarias en ese tema.
Con información de: Astrolabio
