Kenneth Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de la Secretaría de Economía, advirtió que la desaparición de organismos autónomos en México y la reforma judicial que prevé la elección popular de jueces y magistrados federales y estatales, de manera gradual, podría tener graves consecuencias para el país.
En entrevista para Aristegui Noticias también expresó su preocupación por las repercusiones que esto podría tener en el T-MEC, a partir de los cambios en la estructura del Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ya que la eliminación de estos organismos podría violar los compromisos del tratado.
“Lo que hemos visto en los últimos días por parte del embajador de Estados Unidos y el embajador de Canadá es la preocupación de nuestros principales socios comerciales sobre el futuro de la impartición de la justicia en México, específicamente sobre los cambios en materia del Poder Judicial que se están contemplando. Lo que le preocupa a nuestros a nuestros socios comerciales es el impacto en la confianza y la certidumbre jurídica para sus exportadores e inversionistas”, detalló.
Smith Ramos señaló que las reformas propuestas podrían representar un “retroceso” en términos de transparencia y garantías de cumplimiento de los compromisos internacionales.
“En el caso de los órganos autónomos, que también le preocupa a nuestros socios comerciales, hay violaciones directas al tratado si se desaparecen o se modifica la estructura de la Cofece o del Instituto Federal de Telecomunicaciones”, afirmó.
Según el exnegociador, el T-MEC establece que la regulación debe ser “imparcial, basada en criterios técnicos, y administrada por órganos independientes que no tengan injerencia política”.
El especialista también subrayó los beneficios que organismos como la Cofece han traído a México, destacando que en sus 10 años de operación han generado “beneficios al consumidor por más de 36 mil millones de pesos en sectores como el agrícola, salud, energía y transporte”.
Además, advirtió que la eliminación de estos organismos “rompería con los contrapesos claros en la economía mexicana” y dificultaría la labor de frenar monopolios y “cotos de poder”.
En cuanto a las implicaciones jurídicas, Smith Ramos explicó que aunque el T-MEC no establece cómo debe estructurarse el Poder Judicial, sí se enfoca en “los resultados de la impartición de justicia”.
“Los tres países se comprometen a tener un Poder Judicial robusto e imparcial que aplique correctamente la ley”.
En este contexto, advirtió que “si hay cambios drásticos en la estructura del Poder Judicial donde todos los jueces serían elegidos por voto popular, se pone en tela de juicio esta imparcialidad“.
Smith Ramos destacó que, aunque aprobar la reforma del Poder Judicial no viola de inmediato el tratado, “los actos subsecuentes que afecten de manera negativa el cumplimiento de la ley” podrían llevar a los socios comerciales de México a “pedir consultas e inclusive llevarnos a paneles arbitrales“.
Subrayó que en el caso de los órganos autónomos, el impacto podría ser más directo e inmediato, ya que su estructura sí está explícitamente contemplada en el tratado.
Finalmente, Smith Ramos advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de estas reformas para la confianza y certidumbre jurídica en México y para el funcionamiento de la economía.
“¿Qué tipo de país quiere ser México?”, se preguntó, cuestionando si desea ser “un país más abierto” o “regresar a esquemas del pasado, donde todo estaba bajo el control del Poder Ejecutivo”.
Con información de Aristegui Noticias.
