Pascal Beltrán del Río
Si la Secretaría de Gobernación dice no conocer la cifra de desaparecidos en México –como lo afirmó la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, en una entrevista–, ¿quién más lo puede saber?
El artículo 54, inciso X, de su ley orgánica le instruye a “participar en la elaboración de estrategias e indicadores de evaluación para el seguimiento a los programas, trabajos y tareas que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de (…) personas reportadas como desaparecidas”.
¿Cómo va a cumplir esa función, si, como dijo la secretaria Rodríguez a La Jornada, “en el país no hay una cifra real de desaparecidos”?
De ser así, quiere decir que desde que existe la norma que rige actualmente a Gobernación –expedida el 30 de mayo de 2019, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador–, Bucareli ha asumido una responsabilidad y ejercido un presupuesto sin tener el insumo básico para esa labor: el conocimiento sobre cuántos mexicanos están ausentes.
Esto es, durante por lo menos seis años, el país ha andado a ciegas, sin saber la profundidad de un problema que no ha hecho sino crecer. Y es que, a pesar de que pueda ser verdad, como dice Rodríguez, que las entidades federativas –la mayoría de las cuales son gobernadas por Morena– no entregan a la Federación los datos de las personas desaparecidas, son muy claros los indicios de que el número es enorme.
Para constatar que hay un problema, basta revisar las alertas Amber y demás avisos públicos. Las terminales de autobuses de la capital –lo he visto– están tapizadas de solicitudes de información para dar con el paradero de quienes no regresaron a casa.
Puede ser cierto, como dice ella, que haya personas que reportan la ausencia de un ser querido, y cuando vuelven a saber de él no piden que se le retire de la lista de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Pero ¿no es acaso responsabilidad de la Segob hacer esa depuración? ¿Nadie allí hace seguimiento? ¿No dijo el entonces presidente López Obrador que se iba a hacer justamente eso?
Uno tiene que preguntarse si es invisible para el gobierno la labor que realizan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Y no me refiero al hecho de que ayer –apenas– comenzaron a reunirse con ellos los funcionarios de Gobernación, sino qué pasa con las fosas clandestinas que descubren dichos colectivos. ¿No serán éstas señal suficiente de la gravedad de la situación?
El que, presuntamente, no existe un número preciso de personas desaparecidas es el pretexto más reciente para negar esta crisis y no actuar. Vamos a suponer, y sólo suponer, que no son 124 mil, sino “sólo” 10 mil. ¿No ameritaría ese número desplegar todos los esfuerzos del gobierno para saber qué fue de ellos?
Basta poner la palabra desaparecido en Google para que salten centenares de nombres de personas no localizadas, a las que están buscando sus familiares. En Facebook y otras redes sociales, abundan las páginas con nombres y fotos de los ausentes.
Lo peor es que la duda que puede haber en torno del número de personas sustraídas no es que sean menos de las 124 mil que marca el listado de la CNB, sino que sean más. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los familiares tienen miedo de reportar los casos. O bien, como dice la secretaria, las fiscalías estatales no los informan al gobierno federal. Por eso es más probable que sean más a que sean menos.
Hoy estamos en una crisis de desaparecidos, porque los gobiernos anteriores –todos– minimizaron el problema con la esperanza de que se esfumara solo. Pero el resultado ha sido otro: se ha agravado.
No, esta crisis no se va a ir porque la mayoría de la gente deje de hablar de ella, ni se va a acabar con clases públicas de box ni con conciertos gratuitos en el Zócalo ni con un concurso de canciones.
Hoy ya escaló al espacio de Naciones Unidas, y mientras más pronto deje de ser negada por el gobierno, más rápido va a comenzar a superarse.
Con Información de Excelsior.
