El Fiscal General del Estado, FGE, Federico Garza Herrera, queda a deber a los potosinos con su tercer informe de actividades, consideró el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, quien señala que las cifras expuestas por el alto funcionario no convencen y la razón de ello, se concentran en la alta sensación de impunidad que existe en el territorio potosino ante la ola de delitos que constantemente se ven.
“Aunque estamos satisfechos de que haya salido a cumplir con su obligación de rendir este informe de actividades, éste deja mucho que desear pues sus acciones no han sido tan efectivas como dice, sobre todo para fortalecer el Estado de Derecho, para garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos de la ciudadanía y un ejemplo que podemos apuntar tácitamente es que no ha sido capaz de exigir a las autoridades que se defina a quien será el Fiscal Anticorrupción, cuando una de sus obligaciones es precisamente la de velar por la procuración de la justicia”.
A su consideración, el Fiscal General del Estado, se ha quedado con una visión corta de lo que realmente representa el quehacer de una figura de tan alta envergadura porque se sigue viendo a una entidad con fuertes problemas de corrupción desde las instituciones, además de las serias carencias en el sistema de justicia que no ha podido controlar.
Rubén Guajardo Barrera, legislador del Partido Acción Nacional, PAN, hizo referencia de los datos que emitió el Índice Global de Impunidad, IGI, 2020, donde se dicta que México se coloca en el lugar 60 de 69 países con mayor impunidad a nivel mundial y San Luis Potosí, forma parte de ese panorama debido al colapso institucional y las altas tasas de homicidios y delitos.
“Este tema es preocupante porque se señala que se cuenta con 2.17 jueces por cada cien mil habitantes, 347.76 policías por cada cien mil habitantes, lo que hace más complicada su labor, pero también le ha faltado imaginación y mando para dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia, con la intención de aumentar sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización”.
