El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el viernes que se oponía a la legislación propuesta en México que busca restringir la actuación de los agentes extranjeros en su territorio, incluidos los que luchan contra el narcotráfico.
El Senado de México aprobó el miércoles una iniciativa de ley ampliamente vista como una represalia contra Estados Unidos, luego de semanas de tensiones con Washington por las operaciones antinarcóticos.
La legislación será discutida ahora en la Cámara baja.
El proyecto de ley no apunta específicamente a Estados Unidos, pero fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de un estallido diplomático por el arresto en octubre del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos por cargos relacionados a tráfico de drogas.
López Obrador amenazó con revisar la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos después del arresto y los fiscales estadounidenses retiraron los cargos, señalando consideraciones “sensibles” de política exterior.
Barr dijo que la ley propuesta beneficiaría a las organizaciones criminales transnacionales.
“Nos preocupa la legislación que se encuentra actualmente en el Congreso mexicano, pues tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países”, dijo en un comunicado.
“Nuestra cooperación se da dentro de un marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos: por eso, por ejemplo, Estados Unidos recientemente devolvió al exsecretario Cienfuegos a México, para permitirle ser investigado allí”, agregó.
Ricardo Monreal, líder del Senado del Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador (MORENA), ha dicho que la legislación no está dirigida a ningún país en particular.
Pero también se ha quejado deliberadamente de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) no fue transparente sobre cuestiones sobre cuántos agentes tiene en México.
