La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comparó este martes el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas con la masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en la misma región.
“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las victimas serían guatemaltecas”, apuntó mediante un boletín el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado.
Fernández-Maldonado destacó que “la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas”, y esto los lleva a ser posibles víctimas de “graves violaciones” de los derechos humanos.
Este fin de semana aparecieron 19 cuerpos calcinados, 16 hombres, una mujer y dos por determinar, en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, en la fronteriza ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por el momento no se conoce la identidad de las víctimas, aunque varios testimonios afirman que serían migrantes centroamericanos víctimas del tráfico de personas, mientras que otros reportes apuntan a un choque entre dos bandas criminales.
“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alertó la ONU-DH.
En agosto de 2010 ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Dos años después, en mayo de 2012, aparecieron otros 49 cuerpos en Cadereyta, en el norteño estado de Nuevo León.
“Aunque desconocemos sus motivos para migrar, la mayoría de las personas sale de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución. A esto se suma que sus condiciones de vida se han visto profundamente afectadas a raíz de la pandemia por covid-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta y Iota”, indicó el representante de la ONU-DH.
En esta nueva masacre, continuó, el Estado tiene “la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias”.
“Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares”, concluyó el organismo, que pidió transparencia y acceso a los expedientes judiciales por parte de las familias para así garantizarles el acceso a la “verdad y la justicia”.
Con información de EFE
