La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que se inhabilita a Alfredo Castillo por 10 años, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Enrique Peña Nieto, tras irregularidades en su declaración de bienes.
De acuerdo con el organismo, el también excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.
“Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la
administración de Enrique Peña Nieto”, precisa en un comunicado la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La sanción a Alfredo Castillo ocurrió porque “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016″.
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, vigente al momento
de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
La titular de la Función Pública, Sandoval Ballesteros, destacó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.
¿Cuál son las funciones de la Secretaría de la Función Pública?
La Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos.
En sus atribuciones detecta omisiones en declaraciones presentadas ante esta dependencia.
La titular de la Función Pública recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.
