En México hay quienes esperan ansiosos la agenda de Política Comercial y el Informe Anual que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, enviará al Congreso este lunes. No es para menos. Legisladores estadounidenses y funcionarios de Washington llevan meses pidiendo al presidente mexicano que respete el renovado tratado de libre comercio (TMEC) entre ambos países y proteja la libre inversión privada en el sector energético.
El reporte coincide con la primera reunión bilateral entre Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se celebrará este lunes al mediodía de manera virtual. En el encuentro se abordarán tres temas sensibles: los esfuerzos de López Obrador por limitar la participación privada en el sector petrolero y eléctrico para preservar el dominio de las empresas del Estado, los compromisos en materia ambiental y la presencia de enviados comerciales estadounidenses a México para garantizar que las empresas y los sindicatos respeten los derechos de los trabajadores.
“Hay mucha ansiedad aquí en México respecto de la cantidad de herramientas con las cuales Estados Unidos, y Biden, puede darle más presión a México”, dice Juan Carlos Baker, negociador del TMEC y exfuncionario encargado de comercio exterior. “Tiene mucho de fondo porque el TMEC toca todos estos temas importantes para la agenda demócrata como sindicatos, protección del medio ambiente y el manejo de las empresas del estado”, afirma.
El reporte se envía, por ley, cada primero de marzo. Este año se da en un contexto de creciente tensión entre los actores comerciales en EE UU y México. Desde su llegada al poder a finales de 2019, la Administración de López Obrador ha buscado limitar las operaciones de empresas privadas en el sector energético argumentando que la reforma aprobada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que permitía la inversión privada por primera vez en más de 70 años, se hizo de manera corrupta y con contratos “leoninos” que abusan de las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El viernes, la subsecretaria de Estado interina para el hemisferio occidental Julie Chung, dijo en una conferencia por teléfono que López Obrador debe proveer un clima de libre inversión en el sector. El Gobierno de Biden, a través del Departamento de Estado, urgió a la Administración López Obrador a proveer un ambiente propicio a la inversión. “Alentamos a México a escuchar a los participantes en la mesa, a escuchar a las compañías del sector privado y a proveer realmente una cultura y un ambiente de inversión libre y de transparencia para que las compañías sigan invirtiendo”. La Cámara de Comercio estadounidense dijo en una carta publicada en enero que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por López Obrador y que busca ser aprobada por el Senado en las próximas semanas, violaba el TMEC.
Las expectativas de inversión extranjera directa (IED) para la reforma energética de Peña Nieto eran enormes. Se esperaban entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en dinero extranjero. A partir de la llegada de López Obrador, la IED ha bajado. En 2020, alcanzó 29.075 millones de dólares, según la Secretaría de Economía, y el principal rubro fue el de la manufactura. EE UU es históricamente la principal fuente de esta inversión extranjera a México.
“No hay duda de que México tiene compromisos en materia energética y esos están reflejados en el TMEC, no hay la menor duda”, explica Baker. “El problema es que, yo supongo, esperan abrir el tratado de manera que el Gobierno pueda hacer lo que quiera. Así no funciona esto. Toda la reforma energética se encuentra reflejada en varios lados del TMEC”.
Limitar la participación de privados que ya han invertido en proyectos energéticos en México, como pretende hacer la iniciativa que López Obrador envió al Congreso puede provocar un alud de demandas de empresas estadounidenses que se definirían en tribunales de arbitraje y serían muy costosas para México. “Están tratando de echar para atrás la apertura del sector eléctrico, lo cual ya es bastante cuestionable”, opina Baker. “¿Lo puede hacer el presidente? Claro que sí. ¿Es mala idea? Sí. ¿Nos va a costar? También. ¿Nos afectará en inversiones futuras? Sí”, añade el experto.
Como parte de la estrategia mexicana para concentrar el dominio de las empresas estatales, la Administración de López Obrador canceló subastas de energía eléctrica generadas por fuentes renovables. Esto está en directa oposición a uno de los temas prioritarios en la agenda de Biden, la lucha contra el cambio climático. Manuel Bartlett, el director general de CFE, ha dicho que los bajos precios de generación por energías renovables son “un mito” y que es “una mentira” que se generan con facilidad.
El tercer tema que ha llamado la atención de las empresas mexicanas es la provisión incluida en el TMEC que permite la presencia de agregados laborales estadounidenses, los cuales pueden reportar a Washington cuando una compañía mexicana viole los derechos de sus trabajadores, por lo que pueden ser demandadas y sancionadas. “Estaríamos viendo por primera vez en la historia del comercio multilateral, un caso de dumping laboral”, dice Ignacio Martínez, economista del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM.
Esto incluye la lucha en contra de la subcontratación, explica Martínez, una práctica que en muchas ocasiones deriva en falta de garantías sociales y derechos que, por ley, deben ofrecer las empresas a sus empleados. López Obrador envió una propuesta al Congreso que prohíbe el outsourcing, como es conocido en México, en todas sus modalidades y hasta propone penas de cárcel a quienes abusen de la práctica. La iniciativa, que ha despertado mucha preocupación entre los sectores empresariales, se discutirá también en las próximas semanas.
Esta propuesta no se ha votado en el Congreso, por lo que se corre el riesgo de que la agenda de Política Comercial de Biden avise a México que no está cumpliendo con su parte en los nuevos temas laborales. No se le estaría sancionado por cuestiones de mercancías, sino por haber incumplido la parte laboral del TMEC.
Fuente: El País
