autor/ariadnaortega/ Expansión Politica
La Auditoría Superior de la Federación realizó nueve auditorías forenses, que sí presumen un posible acto ilícito, con un monto por aclarar de 3,321 mdp en el primer año de gobierno de López Obrador.
La controversia por el sobrecosto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que arrojó una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaparó la atención de la entrega del informe de la Cuenta Pública 2019, pero opacó otros hallazgos del ente de fiscalización.
De acuerdo con nueve auditorías de cumplimiento forense, en las que se hace un análisis pormenorizado y crítico de los procesos para la detección o investigación de un presunto ilícito, hay irregularidades por 3,321 millones de pesos (mdp) de seis dependencias federales pendientes de solventar, lo que equivale a tres veces el presupuesto para las Universidades del Bienestar Benito Juárez.
El informe dado a conocer el pasado 20 de febrero presentó observaciones por 100,914 millones de pesos, de las cuales 98,974 mdp, están pendientes de aclarar. No obstante, la discusión se centró en la discrepancia entre el gobierno federal y la ASF sobre la auditoría de desempeño realizada sobre la cancelación del aeropuerto.
Al principio el ente auditor señaló que la cancelación costaría 331,991 millones de pesos, cuando las estimaciones del gobierno federal eran de 110,807 mdp. El informe derivó en acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la ASF, al asegurar que estaban mal sus datos, lo que hizo que la ASF aceptara que esa auditoría tenía “inconsistencias”.
La respuesta del mandatario ante elreconocimiento fue acusar que la ASF intentaba dañar a su gobierno
y pidió una investigación.
A estas se suman las siguientes:
562 mdp de la Secretaría de Bienestar por el esquema de contratación de los Servidores de la Nación.
367 mdp del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
263.7 mdp de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, adscrita a la de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
186.7 mdp de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de la SEP.
86.2 mdp de Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. (SEP).
83 mdp Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
57.1 mdp de Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
8.1 mdp de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), de la SEP.
Todas esas anomalías detectadas están en proceso de aclararse, y a diferencia de lo encontrado en la auditoría de la cancelación del aeropuerto que ha acaparado la atención, que tiene un enfoque de desempeño y por ello, solo genera recomendaciones, las de las forenses de no solventarse, se convertirían en actos ilícitos, pues sí presumen irregularidades.
“La auditoría fue de desempeño, no de gestión, no se habla que haya irregularidad en tema de recursos”, añade Pérez de Acha sobre la polémica auditoria, al explicar que aunque la ASF solo emitió recomendaciones, hay consideraciones que llaman la atención, como que los estados financieros son inadecuados, le falta información y le faltan notas que permitan conocer cuáles son los costos en los que se ha incurrido.
Hay problema de origen por carencia de información confiable y transparente. Hay un resultado que está apuntando a ese hecho, si quitamos los 331,000 mdp, deben voltear a verse los señalamientos de deficiencia de información.
Luis Pérez de Acha, abogado y especialista anticorrupción.
Se realizaron otras auditorías al Grupo Aeropuertario del Pacífico de cumplimiento financiero y de cumplimiento referentes al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), impulsado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que arrojaron 19,298.5 mdp que están por aclarar.
La exauditora forense, Muna Buchain, cuestiona el enfoque que se le dio a la auditoría del costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, por el hecho de que las de desempeño no son vinculantes.
“Son auditorías que carecen de un enfoque que va a dirigido a ver un daño patrimonial sino que son dirigidos a revisar las operaciones, los programas, las operaciones entendidas como eficiencia y eficacia y buscar áreas de mejora o proporcionar información integral de cuál es finalmente la conclusión de un proceso”, detalla.
Para la especialista que investigó el caso conocido como la Estafa Maestra, “no se ha hecho una programación de auditorías financieras realmente a la administración y a todo el dinero, a las grandes empresas como Pemex o CFE, a todos esos ejercicios de recursos, fideicomisos, que es lo que se podría haber auditado”, indica.
Un estudio de México Evalúa cuestiona también el hecho de que se haya escogido hacer un auditoría de desempeño, cuando el mismo presidente había mencionado en múltiples ocasiones que había indicios de actos de corrupción en el NAIM.
“Pese a los montos involucrados y a las acusaciones presidenciales, la ASF decidió realizar una auditoría de desempeño y no una forense para verificar, en su caso, las redes de corrupción y responsables por daños patrimoniales al Estado mexicano”, dice el análisis “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”.
El documento destaca que en los últimos años, cerca del 90% de las acciones con responsabilidad patrimonial se solventaron o se encuentran en seguimiento, es decir, que solo en el 10% de los casos (2,348 de 23,000) se confirmó la irregularidad, lo que genera problemas en los procesos de ejecución de auditorías y la capacidad de seguimiento.
Preferencia por auditoría de desempeño
En ese contexto, el auditor superior David Colmenares ha expresado que la fiscalización debe reorientarse preferentemente hacia las auditorías de desempeño, lo que llevaría a emitir menos pliegos de observaciones.
“La propuesta es impecable porque, si se reducen las presunciones de daños patrimoniales, el problema se queda sin materia. Sin embargo, dejar de practicar auditorías de cumplimiento financiero y forenses, que tienen por objeto revisar el ejercicio del presupuesto asignado y sus desviaciones (daños patrimoniales), es riesgoso porque se estaría comprometiendo el alcance y el objeto de la ASF”, advierte México Evalúa.
El
Programa Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020
no prevé realizar ninguna auditoría forense, es decir no pretende buscar o detectar probables irregularidades o actos ilícitos, sino evaluar la eficacia y eficiencia de los programas.
Los cuestionamientos a las auditorías realizadas pusieron en la mira el trabajo de la ASF en el papel de combate a la corrupción, en un contexto donde otras instituciones autónomas, y el mismo Sistema Anticorrupción se han visto criticadas desde el gobierno federal, pese a que en los últimos años ha funcionado como una fuente de información confiable y de la que han derivado otras investigaciones.
“Hoy por hoy está claro que el Sistema Anticorrupción está desarticulado, lo han dejado morir, el Comité de Participación tiene solo un integrante, el Comité Coordinador ha perdido ‘punch’, los sistemas estatales están desfigurados, no hay magistrados, no se pueden aplicar sanciones administrativas graves, es un sistema que quedó borrado, está anulado en todas sus vertientes”, asegura Pérez de Acha.
Buchain coincide que el “Sistema Nacional Antocorrupción es inexistente”, en tanto que el sistema de fiscalización que debería estar operando tiene obligación de haber desarrollado metodología para aplicar en todas las auditorías, lo cual no ha ocurrido. Para ella, “la ASF no solamente ha denigrado a la institución sino ha denigrado al propio sistema”.
