El presidente Joe Biden indicó su apoyo el viernes a un cambio en las autorizaciones para el empleo de la fuerza en el Medio Oriente que datan de hace décadas, una semana después de utilizarlas para ordenar un ataque aéreo de represalia a una milicia respaldada por Irán en el este de Siria.
El gobierno de Biden anunció su posición después de la presentación de un proyecto de ley bipartidista que derogaría las autorizaciones de 1991 y 2002 para las guerras en Irak. Presidentes de los dos partidos las han utilizado como justificación legal para realizar ataques en la región.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden está comprometido a trabajar con el Congreso para “garantizar que las autorizaciones vigentes para el empleo de la fuerza militar sean reemplazadas por un marco estrecho y específico que asegure que podemos proteger a los estadounidenses de las amenazas terroristas y a la vez poner fin a las guerras interminables”.
Biden provocó una reacción adversa de ambos partidos la semana pasada cuando ordenó los ataques a instalaciones utilizadas por el movimiento Kataib Hezbollah. Éstos fueron en represalia por un ataque con cohetes en febrero a personal militar y civil estadounidense en el norte de Irak y no pidió autorización al Congreso.
El senador demócrata Tim Kaine, uno de los patrocinadores del proyecto, dijo que apoyarse en autorizaciones de décadas atrás para el empleo de la fuerza militar “no sirven a propósito operativo alguno, nos mantienen en pie de guerra permanente y socavan la soberanía de Irak”.
“Los ataques aéreos de la semana pasada en Siria demuestran que el ejecutivo, independientemente de su partido, seguirá abusando de sus poderes de guerra”, dijo Kaine.
Funcionarios del gobierno dijeron que los ataques eran legales y apropiados, ya que destruyeron instalaciones que alojaban “pertrechos” utilizados por milicias respaldas por Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak.
Pero varios dirigentes del legislativo, incluso del partido de Biden, denunciaron los ataques, la primera medida militar autorizada por él. Kaine y otros sostuvieron que la acción militar ofensiva sin aprobación del Congreso es inconstitucional salvo en circunstancias extraordinarias.
