A raíz de la suspensión de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, AMLO no ceja en su empeño de acosar al Poder Judicial. La decisión de Juan Pablo Gómez fue respaldada por otro juez, en este caso, Rodrigo de la Peza.
La separación – o división- de poderes es un elemento fun-da-men-tal de una democracia funcional. Si bien en la Antigüedad los griegos y los romanos idealizaron el concepto, fue hasta el Siglo de las Luces cuando la teoría fue finalmente materializada. En el “Espíritu de las Leyes”, el filósofo francés Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu, plasmó espléndidamente el concepto del los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el papel que cada uno de ellos tendría en el edificio del Estado.
La primera democracia del mundo
Sin embargo, no fueron los Estados europeos quienes adoptaron inicialmente las teorías de Montesquieu, sino los Estados Unidos al lado otro del Atlántico. De esta forma, nuestro vecino del norte devendría la primera democracia moderna del mundo.
La separación de poderes, como es previsible, es un elemento incómodo para un caudillo. Por ello, él, en tanto que jefe del Ejecutivo, busca las formas coercitivas de doblegar la voluntad de los legisladores y de los jueces, con miras a ejecutar sin cortapisas su voluntad personalísima.
¿Habrá leido AMLO el “Espíritu de las Leyes”? ¿Conocerá sobre la existencia de Montesquieu y de sus contemporáneos del Siglo de las Luces? ¿Habrá quiza escuchado acerca del devenir de la república americana como la primera democracia moderna? No lo dudo. Sin embargo, nuestro presidente no suele conceder mérito a cualquier elemento o idea que venga de Europa, trátese de Hernán Cortés, Maximiliano de Habsburgo o el barón de Montesquieu.
¿Es una pena que un juez sea expuesto políticamente por el presidente más poderoso de las últimas décadas?
AMLO ha politizado groseramente un asunto que debe competer exclusivamente al Poder Judicial. A mi juicio, a diferencia de muchos analistas, los jueces deben permanecer estrictamente alejados de los vaivenes políticos y dedicar su tiempo a la interpretación de las leyes, sin consideraciones del ambiente mediático que les rodea. Esa es su responsabilidad irrenunciable. ¿Es una pena que un juez sea expuesto políticamente por el presidente más poderoso de las últimas décadas? Sin duda. Sin embargo, el deber del magistrado está allí: en la defensa de la legalidad y del estado de Derecho.
Los jueces Gómez o De la Peza, o el propio Arturo Saldívar y el resto de los miembros de la Suprema Corte, no deben distraer sus responsabilidades con la agenda política de AMLO, y ni siquiera, con la viabilidad de la reforma a la ley en tanto que política pública. Por el contrario, su trabajo debe ceñirse a dilucidar si el texto legal se apega a nuestra letra constitucional. Afortunadamente, según ha trascendido, el presidente López Obrador no ha sido capaz de doblegar la voluntad de los jueces.
Ataque político y mediático al Poder Judicial
En suma, el destino de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es sobremanera relevante, pues de ello depende el futuro inmediato de la generación de energía en nuestro país. Sin embargo, echando a un lado momentáneamente las consecuencias económicas de la ley, el ataque político y mediático contra el Poder Judicial ha sentado un gravísimo precedente en la historia de México. Nuestro país, en este tenor, no debe caer en manos de un caudillo todopoderoso, de un Congreso servil y de unos jueces que se pliegan a la voluntad del presiente.
Como he señalado, los jueces han levantado la mano en honor a la gran responsabilidad que tienen entre sus manos. Lo celebro, pues de ellos depende nuestro devenir democrático.
