Dos investigados y acusados de corrupción harán mancuerna en San Luis Potosí. Se trata de Arturo Escobar y Ricardo “El Pollo” Gallardo.
A través de un comunicado, el Partido Verde Ecologista de México dio a conocer que Escobar, quien se desempeña como diputado federal, será el vocero de la campaña de Gallardo rumbo a la intención de gobernar ese estado.
Escobar llegará a un puesto conocido. Se desempeñó como vocero del Verde Ecologista casi por 10 años y luego, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, entró a la Secretaría de Gobernación como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.
Durante ese cargo, Escobar presentó su renuncia obligado por las acusaciones de corrupción en su contra, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó una orden de aprehensión por el caso de las Tarjetas Platino.
En aquel entonces, la Fepade, encabezada por Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusó a Escobar de distribuir las Tarjetas Platino cargadas con dinero a militantes y no militantes del PVEM durante la campaña para las elecciones intermedias en el año 2015.
No fue el único escándalo de Escobar. A él también se le atribuyó la estrategia del partido que consistió en contratar a figuras públicas para la publicación de mensajes de apoyo en sus cuentas de Twitter en ese mismo lapso.
Su hermano Adrián Escobar, dueño de Grupo Rabokse, (Escobar al revés y con k) recibió recursos públicos para la creación de los cineminutos del PVEM en distintas cadenas de cine a nivel nacional.
A este historial hay que sumar cuando, en el 2009, Arturo Escobar fue detenido en el aeropuerto de Chiapas, con más de un millón de pesos en efectivo dentro de una maleta Louis Vuitton. El entonces senador argumentó que se trataba de dinero para la compraventa de un inmueble y que le pertenecía a uno de sus acompañantes.
Ricardo Gallardo, el candidato del PVEM a la gubernatura en San Luis Potosí también cuenta con un historial de acusaciones, entre ellas destaca la del desvío de recursos del municipio de Soledad de Graciano por un monto de más de 200 millones de pesos que fueron a parar en cuentas de sus empresas. Después de más de un año en prisión, Gallardo quedó en libertad. El juez del caso determinó que se le acusó del delito equivocado: operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando el dinero en realidad salió de las cuentas del municipio.