Parece tímida la reacción del gobierno de Estados Unidos ante la radicalización de la agenda populista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Podría quedar la impresión que el demócrata Joe Biden dejará correr cualquier política contraria al interés de su país o incluso de los principios democráticos que defiende para la región, si el gobierno mexicano simplemente logra contener el flujo de migrantes en la frontera común.
Puede ser que todo se trate de un asunto de prioridades y que eventualmente el gobierno demócrata le haga notar de una forma contundente a la 4T que no está de acuerdo con muchas de las cosas que ahora pasan en México.
Muchos populismos latinoamericanos encuentran en una confrontación con Estados Unidos un combustible para mantener poder invocar ese discurso del intervencionismo imperialista en sus asuntos domésticos. Eso alimenta a su clientela política educada para ello.
Pero en el caso de México, tan dependiente en lo comercial, financiero, migratorio, turístico, en fin, dependiente en todo, un pleito así sería políticamente suicida.
Mucho de lo que pasa hoy en México rebasa el discurso del intervencionismo, hay una afectación directa a los intereses estadounidenses y da la impresión de que los demócratas los dejan pasar sin consecuencias.
Habría que conocer muy bien a Joe Biden y a su círculo cercano como para poder determinar si guarda rencor hacia el Presidente mexicano por haber hecho campaña a favor de Donald Trump y tras las elecciones haber regateado su triunfo con aquella felicitación tardía.
Pero hay otros asuntos que afectan a sus empresas, a sus instituciones y que son violatorias del acuerdo comercial que el propio gobierno de López Obrador firmó con Estados Unidos.
Primero fue con decretos y después con leyes secundarias aprobadas sin cambiar una sola coma por parte de esas mayorías sumisas del Presidente. Lo cierto es que no son pocas las empresas del sector eléctrico y petrolero estadounidenses que hoy ven amenazados sus intereses en México.
Saben del otro lado de la frontera que está en manos de la Suprema Corte que se respeten sus derechos, pero también conocen la Ley Zaldívar y lo que ello puede implicar en la división de poderes.
Así que, ni hablar de nuevas inversiones, pero está claro que, si se consuman estas regresiones en las reglas del juego energético, difícilmente el gobierno de La Casa Blanca se mantendrá impávido.
Ahí viene otra de las famosas leyes de Ricardo Monreal que ahora quiere imponer una revolución cultural a las plataformas de streaming, sobre las leyes del mercado y obligar a la inclusión de contenidos mexicanos.
Y es un hecho que en la memoria de los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos guardan aquel episodio de la detención allá del general Salvador Cienfuegos y su posterior liberación acá, con todo y publicación de documentos confidenciales.
Si es un asunto de límites y la 4T no ha superado los que puede tolerar el gobierno demócrata de Biden, debería no retar esa resistencia. Pero si se trata de prioridades y ahora La Casa Blanca está en otros asuntos para eventualmente voltear hacia el sur y ajustar cuentas, podríamos ver episodios difíciles entre los dos gobiernos.
