Juana Ruiz Sánchez, la trabajadora humanitaria española detenida hace más de tres semanas por Israel, fue acusada hoy formalmente de cinco cargos, entre ellos, “pertenencia a organización ilegal” y, de momento, seguirá en prisión.
Su abogada confirmó a Efe que la fiscalía militar imputó hoy a Ruiz Sánchez, de 62 años y detenida el pasado 13 de abril, y que el próximo lunes se celebrará una nueva audiencia, la séptima, en la que la defensa pedirá su liberación mientras transcurra el juicio.
Israel acusó hoy a los Comités de Trabajos para la Salud, donde Ruiz Sánchez trabaja desde hace décadas, de desviar fondos europeos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.
Según informó a Efe una fuente oficial israelí, Ruiz Sánchez habría admitido durante sus interrogatorios que la organización para la que se desempeña está ligada al FPLP.
En base a su pertenencia a los Comités, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo, Ruiz Sánchez fue hoy acusada también de “participar en actividades de una organización ilegal” y de “formar parte de la junta directiva de una organización ilegal”.
Además, como consecuencia de su tarea de recaudación de fondos para la ONG, fue acusada también de “recibir e introducir dinero en los territorios palestinos” y de “recibir dinero con falso propósito”.
La presentación de cargos formales llega tras más de tres semanas en la que la acusada permaneció “detenida con propósito de investigación”.
La decisión israelí de acusarla coincide además con la denuncia hoy de que el FPLP opera una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania ocupada, entre las que destacaron a los Comités y que, a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos, desvía al grupo fondos que países europeos donan como cooperación internacional.
La fuente israelí explicó además a Efe que Ruiz Sánchez habría tenido un papel importante en esta operación a través de sus tareas de recaudación de fondos para su ONG y que, su interrogatorio y el de otros tres detenidos también ligados a los Comités, habrían sido una pieza importante en la recopilación de pruebas sobre el caso.
