Cuando el Presidente pregona a los cuatro vientos que va a presentar 3 nuevas reformas constitucionales en los próximos meses, a pesar de que sabe que su partido ya no tiene la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión porque la perdió en las pasadas elecciones, lo que en realidad está anunciando es que su gobierno está dispuesto a todo para conseguir los votos suficientes de sus opositores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y lograr así la aprobación de sus reformas pasando por encima de la oposición.
Es decir, que si López Obrador dice que va a intentar “convencer” a algunos priistas o a diputados o senadores de cualquier otro partido para que apoyen sus reformas y le ayuden a construir con sus votos las mayorías calificadas de dos terceras partes que se necesita para cambiar la Constitución, no está hablando de un convencimiento por la vía del diálogo y la negociación; mucho menos de una negociación en la que su gobierno tenga que ceder algo o conceder lo que pidan sus opositores: lo que en realidad está anunciando el Presidente es que, utilizando los medios judiciales y fiscales y haciendo sentir todo el peso de las instituciones del Estado, va a obligar a que sus reformas tengan el número de votos suficientes para ser aprobadas en el Congreso.
Una muestra de lo que viene para los opositores y hasta para sus aliados que se le resistan, sean dirigentes partidistas, gobernadores, diputados o senadores, es lo que está ocurriendo en estos momentos con el coordinador del PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco, a quien aun siendo aliado de Morena y del presidente López Obrador, le aventaron a la caballería del SAT para revisarle y revivirle auditorías de los años en que fue gobernador de Chiapas (2012 a 2018) y le han documentado gastos por 500 millones de pesos que presuntamente fueron ejercidos a través de empresas factureras. Aunque los gastos del presupuesto chiapaneco se ejercieron entre 2014 y 2016, las auditorías del SAT, según el reportaje de MCCI, se hicieron hasta 2019 y 2020 cuando ya Velasco era senador.
Para que no quedaran dudas del mensaje que le mandan desde Palacio Nacional al coordinador verde —unos días después de que declarara que su partido está “abierto a dialogar y buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas”— ayer el gabinete de seguridad en pleno, con los secretarios de Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, además de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, se trasladaron a Chiapas, donde tuvieron su reunión diaria con el gobernador de Morena, Rutilio Escandón, quien está abiertamente confrontado con su antecesor del PVEM.
El mensaje a Velasco es en realidad para todos los opositores y es bastante fuerte y claro: si así tratan y presionan a un aliado del Presidente, para que no se le ocurra “salirse del huacal” y regatearle sus votos a Morena, ¿qué les puede esperar a los dirigentes, políticos y congresistas de la oposición, si es que el Presidente decide que, por ejemplo, para aprobar su reforma constitucional al sector eléctrico, que ya anticipó, necesita unos 20 votos del PRI, unos 5 del PRD y unos 15 del PAN?
Es claro que, en aras de sacar adelante las que serían sus últimas reformas constitucionales, como la ya mencionada del sector eléctrico que es prioridad para él, junto con la reforma electoral que desaparezca plurinominales y cambie la forma de integración del INE y la de adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el presidente López Obrador no dudará en presionar y amedrentar a sus opositores para que le den los votos que necesita para lograr la mayoría calificada. Y en ese sentido ni los líderes de los partidos, sobre todo del PRI y el PRD, ni los gobernadores, especialmente los que dejarán el poder en los próximos meses, ni por supuesto los diputados y senadores de la alianza opositora, se escaparán de sentir “todo el peso del Estado” en caso de que su voto sea requerido para cumplir los caprichos presidenciales.
Ayer conversamos en radio con el senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, y él anticipaba que “no será fácil sacar las reformas constitucionales que quiere el Presidente”, a partir de que se necesitan votos de la oposición ya no sólo en el Senado sino también en la Cámara de Diputados. Pero Monreal se refería a la negociación y operación política con las bancadas opositoras que en los tres años de la actual legislatura él ha tenido que realizar desde la Cámara de Senadores; pero eso es algo que al parecer ya no están considerando tan necesario desde Palacio Nacional donde, más que convencer o negociar, ahora parecen dispuestos a presionar, amenazar y amedrentar, si es necesario, para que los opositores den su brazo a torcer y su voto a las reformas lopezobradoristas.
Así que a remojar las barbas y a medirse las colas, señores de la oposición, porque en los siguientes meses y en los tres años que le quedan al gobierno, el Presidente ya decidió que, si los electores no le dieron la mayoría calificada en las urnas, él la va a construir a como dé lugar. Y si en 2018 la 4T se fabricó una mayoría constitucional comprando y moviendo diputados de distintos partidos, no sólo de sus aliados sino también del PRD, en este 2021 parece que a López Obrador y a sus operadores se les endureció la mano y no van a dudar, como ya lo están avisando, en activar auditorías fiscales, denuncias penales o revisiones patrimoniales para “convencer” a priistas, panistas o perredistas, de que se necesita su voto para reformar la Constitución. Se viene la mano dura de la 4T.
