Indolente a la violencia radical que azota a México, misma que está ligada al tráfico ilegal de armas estadunidenses, el gobierno de Joe Biden anunció que tomará medidas para contener dicho tráfico, pero por los constantes asesinatos masivos en su país.
La Casa Blanca anunció que el Departamento de Justicia lanzará el accionar de cinco fuerzas jurisdiccionales para frenar el tráfico de armas en los próximos 30 días, con el objetivo de contener los crímenes violentos y el trasiego en corredores del mercado negro de armamento.
“Mañana el procurador general hablará con el presidente, oficiales de la aplicación de la ley, líderes locales y comunitarios sobre esta iniciativa, que junto a otras medidas representa una estrategia amplia para combatir el aumento en los crímenes violentos”, indicó.
En los últimos años, meses y días, las masacres o asesinatos masivos en Estados Unidos se han convertido en un denominador común de la cotidianidad en la vida de los ciudadanos, en parte por la gigantesca facilidad con la que se venden o se trafican las armas.
“La violencia con arma es un gran conducto en el incremento de crímenes violentos de los últimos 18 meses, y la medida anunciada hoy es un paso importante para contener el abastecimiento de armas ilegales traficadas y que se usan en las balaceras letales y otros crímenes violentos”, manifestó la Casa Blanca en un comunicado de prensa.
Los cinco corredores del trasiego de armamento donde se tomarán medidas son las ciudades de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, el área de la Bahía de San Francisco y Washington, D.C.
En el comunicado del gobierno de Biden no se hace ni una sola mención a los súper corredores del trasiego de armas ilegales en su frontera sur, cuyo arsenal estadunidense termina en manos de cárteles del narcotráfico y grupos del crimen organizado.
La violencia que priva en México, pero sobre todo en la frontera norte, como quedó demostrado con el incidente de este fin de semana, en el que varios civiles fueron ejecutados en Reynosa, Tamaulipas, está directamente ligada con las armas que entran de Estados Unidos.
La violencia criminal de México también está directamente conectada a la incontrolable demanda y consumo de drogas en la sociedad estadunidense, problema que ha sido altamente ignorado por los gobiernos de ambos países desde hace varias décadas.
Merrick Garland, procurador general de justicia de Estados Unidos, consideró que detener el tráfico nacional de armas en su país es una de las más importantes y demandantes responsabilidades del gobierno de Biden.
“El Departamento de Justicia está tomando otro paso concreto para abordar el tráfico ilegal de armas y los crímenes violentos; los equipos de ataque investigarán y desmantelarán las redes y canales por las que fluyen las armas”, anotó Garland.
Las medidas se llevarán a cabo en coordinación con fiscales federales, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y autoridades estatales en las cinco ciudades designadas como corredores del tráfico ilegal de armas de fuego.
La Casa Blanca destacó que habrá intercambio de información entre el Departamento de Justicia en los diferentes distritos de los corredores designados, para no omitir a ninguna de las grandes redes que obtienen los arsenales, y en lugares donde se usan para crímenes violentos.
En el comunicado de prensa de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no se hace una sola mención al tráfico internacional de armas y mucho menos a la violencia radical y sangrienta que azota a México.
