La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una queja contra la sentencia de un juez en la Ciudad de México que permite a José Ricardo Gallardo Cardona, El Pollo, acceder a la averiguación previa SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014, pues la FGR argumentó que la investigación sigue activa.
El recurso de la FGR fue presentado el 5 de julio en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
La carpeta fue iniciada en octubre de 2014, a partir de una denuncia que presentó Rodrigo González Bolaños, representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 209 millones de pesos.
El dinero, según la carpeta de investigación SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014, fue desviado de las arcas municipales de Soledad Graciano Sánchez (octubre de 2012 y septiembre de 2014) cuando Gallardo Cardona fue alcalde, a través de cuatro empresas. En tres de ellas, el actual gobernador electo de San Luis Potosí, junto con su madre y hermana, eran o son socios mayoritarios.
Documentos judiciales consultados por MILENIO detallan que José Ricardo Gallardo Cardona fue detenido en diciembre de 2014 y dejado en libertad el 7 de diciembre de 2015, por falta de elementos para procesar, originados porque el Ministerio Público integró mal el expediente.
“Efectivamente el quejoso José Ricardo Gallardo Cardona, en su carácter de Presidente del Municipio de Soledad, del estado de San Luis Potosí, distrajo de su objeto para usos propios recursos económicos pertenecientes al estado, no obstante haberlos recibido en administración, conducta que bien pudiera actualizar algún otro ilícito, por los motivos y razonamiento acabados de exponer, tal valoración resulta incorrecta a fin de tener por acreditado el elemento del cuerpo del delito de que se trata”, menciona la resolución de un Tribunal Unitario en Sonora que ordenó su libertad.
El fallo nunca fue impugnado por el Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de la República, sin embargo, dejó abierta la investigación.
Un año antes de las elecciones a la gubernatura de San Luis Potosí (17 de julio de 2020) Gallardo Cardona buscó acceder al expediente que se integró en su contra en 2014 a través de un amparo. La petición le fue negada, porque José Agustín Celorio Gonzales, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo), se encontraba abierta.
En 2020 la FGR retomó las indagatorias por una denuncia presentada (14 de agosto de 2020) por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF. El escrito fue dirigido a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.
En la querella, de la cual tiene copia este medio de comunicación, se detallan los supuestos desvíos realizados durante la gestión de Gallardo Cardona cuando fue alcalde del municipio de Soledad Graciano Sánchez, de su padre Ricardo Gallardo Juárez, cuando fue presidente municipal de San Luis Potosí, de 2015 a 2018, así como de familiares y distintas personas cercanas a la familia.
Doce días después, el 26 de agosto, José Ricardo Gallardo Cardona solicitó, a través de una demanda de garantías, acceder a la carpeta de investigación SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014. El recurso fue admitido por el juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
“El acuerdo de 5 de agosto de 2020, emitido en la averiguación previa SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014, en la que se determinó, de manera sustancial, no autorizar la expedición de las copias certificadas que solicité el día 17 de julio de 2020, respecto de la determinación de propuesta y/o consulta de No Ejercicio de la Acción Penal y de la autorización de la misma, dentro de dicha averiguación previa. Autoridad responsable, licenciado José Agustín Celorio González, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República”, menciona el escrito.
Tras un año de litigios, el juzgado determinó conceder a Gallardo Cardona acceder el expediente, pero precisó que se deben testar (borrar) datos personales de personas que estén incluidas en la investigación.
“Este órgano de control constitucional, estima que si en su caso, en los acuerdos ministeriales (propuesta y autorización) de donde se solicitó copia certificada, se encontraran elementos que vinculan a personas extrañas a la parte quejosa, de modo que al expedirse copia certificada de los mismos pudiera violentarse la secrecía respecto de las demás personas; entonces, indefectiblemente, la autoridad responsable al entregar las copias certificadas de la propuesta y autorización de No Ejercicio De La Acción Penal, deberá adoptar las medidas correspondientes, entre otras, por ejemplo, testar los datos que correspondan a diversa persona de la parte quejosa, a menos de que sea indispensable o necesaria para que José Ricardo Gallardo Cardona cuente con los elementos que impliquen su adecuada defensa, específicamente, que los datos de las diversas personas estén relacionados directamente con éste”.
MILENIO ha dado seguimiento a las investigaciones que el gobierno federal ha iniciado contra José Ricardo Gallardo Cardona. El 17 de junio pasado, este medio de comunicación informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara denuncias por delitos electorales en contra de tres candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, incluido el gobernador electo, Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, tras detectar aparente financiamiento ilícito en sus campañas.
