La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) propuso pagar el ocho por ciento del valor de los vehículos de motor y procedencia extranjera que entrarían al programa de regularización, que el mes pasado prometió llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para beneficio de 15 millones de familias en todo el país, 200 mil de ellas en Nuevo León.
José Guadalupe Barrios Núñez, fundador y presidente del consejo nacional de la Onappafa, aseveró que en breve se publicará en el Diario Oficial el decreto sobre la regulación, un proceso que no se realiza desde el sexenio de Vicente Fox, y se ha llevado a cabo seis veces en los últimos 30 años.
Comentó que el pasado 27 de junio en Rosarito, Baja California, el presidente López Obrador comentó que, en la próxima regularización, serán incluidos vehículos de todas las marcas y de todos los modelos, a diferencia de los procesos anteriores cuando no entraron al programa unidades de modelos recientes, ni de armadoras japonesas y alemanas.
El presidente anticipó que la legalización será a precios más sociales que recaudatorios, “y para nosotros es muy importante porque hay más de 15 millones de vehículos extranjeros, ya que en los dos sexenios anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hubo ningún proceso”.
Recordó que los líderes de la Onappafa platicaron con López Obrador en 2017, antes de que fuera candidato presidencial, y le mencionaron que, en cada proceso, seis en 30 años, generalmente se quedaban fuera entre el 30 y el 40 por ciento, porque eran vehículos japoneses, alemanes o de modelos recientes.
Desde entonces, afirmó Barrios Núñez, López Obrador les prometió que, si él llegaba a la presidencia, se iban a incluir en la regularización todos los modelos y hasta vehículos pesados, y está cumpliendo, según lo dijo el mes pasado en Rosarito, que ya iba a iniciar el proceso, “sólo estamos esperando que salga en el Diario Oficial”, señaló Barrios Núñez.
Agregó que la regularización estaría a cargo de la Secretaría de Economía, pero todavía falta definir algunos detalles, como es el hecho de si los trámites se realizarían en la dependencia federal o en las tesorerías de los estados, ya que la intención del presidente es que los recursos que se obtengan se queden en las entidades.
Comentó que a escala nacional son más de 15 millones de vehículos de los cuales unos 220 mil están en Nuevo León, y para definir las reglas y requisitos se han realizado más de 20 pláticas con representantes del SAT, Gobernación y la Secretaría de Economía.
“Hay otra cosa muy importante el presidente prometió que será un pago de impuesto más social que recaudatorio”, y propuso que sea un pago único de tres mil pesos; pero les pareció muy poco a las secretarías de Hacienda y de Economía, ya que eso no lo vale ni una llanta de tráiler.
Por eso se pidió a Onappafa que hicieran una propuesta dadas su experiencia en procesos anteriores, y ellos plantearon que sea el ocho por ciento del valor de los vehículos.
“Nos gustó mucho que también serán incluidos vehículos de carga pesada, el presidente quiere que se mejore el campo, que los productores puedan mover sus cosechas, comercializarlas, la economía rural se viene a reactivar grandemente con este proyecto, porque en el campo hay millones de vehículos de carga pesada, son herramientas de trabajo”.
Mientras, en las ciudades, podrán legalizar sus unidades, obreros, comerciantes en pequeño, amas de casa, y estudiantes.
“Las armadoras y distribuidores se molestaron, ellos están totalmente en contra; pero el presidente viene a corregir problemas añejos, viene haciendo planteamientos y proyectos para atender a la gente que ha estado olvidada”, concluyó Barrios Núñez.
con información de El Universal
