Por meses o años mostraron carteles con las fotografías de su familiar desaparecido. Nunca dejaron de recorrer ciudades, fiscalías, hospitales, cárceles, montes, anfiteatros o de excavar debajo de la tierra. En su camino estas 12 personas buscadoras encontraron desdén, amenazas, persecución y la muerte.
En esta lista fatal está un ranchero que en el norte buscaba a su hijo y sus secuestradores le dieron la muerte, un vendedor de mariscos que caminó por todo el país con el pendón en el que llevaba la foto de su hijo, una comerciante que buscó en silencio 12 años y los últimos excavó buscando huesos, un padre que en 15 días localizó 15 fosas clandestinas, dos madres que acecharon a quienes desaparecieron a sus hijas, un mecánico en busca de su hermano mayor y una madre en busca de un hijo a quienes les ofrecieron información y les tendieron una trampa.
Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. A pesar de que en distintos casos advirtieron en público, ante la prensa o las autoridades del riesgo que corrían, sus muertes no fueron evitadas.
De los homicidios que se documentaron para este texto, tres ocurrieron en 2010 y 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto al menos cinco personas buscadoras fueron asesinadas (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018); en la actual administración han sido cuatro las víctimas documentadas: uno en 2019 y tres este 2021. No son los únicos; podrían ser más.
La mayoría de estas y estos buscadores, antes de su muerte había investigado el paradero de sus familiares. En su búsqueda recorrieron los circuitos de la desaparición en México, descubrieron y destaparon campos de exterminio, casas de seguridad donde retienen personas, fosas clandestinas y entramados de complicidades. Valientes, denunciaron a los criminales; en cuatro casos, los perpetradores eran funcionarios públicos (fiscales, militares, policías, autoridades municipales) o estaban coludidos.
Les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles. Les sigue fallando al no hacerles justicia.
En 2010 ocurrió el primero de estos 12 asesinatos de personas buscadoras que fue consignado por la prensa. Los últimos ocurrieron el pasado mes de julio: el día 27 mataron al papá zacatecano Nicanor Araiza, 11 días antes a la sonorense Aranza Ramos, quien buscaba a su marido.
Dos casos de la lista son de madres que sufrieron la desaparición de sus hijas, descubrieron que ya habían sido asesinadas y cuando conocieron el destino final de sus restos se dedicaron a perseguir a sus homicidas hasta verlos encarcelados; éstos las mataron. Sus nombres son conocidos: Marisela Escobedo, en Chihuahua, en 2010, y Miriam Rodríguez, en Tamaulipas, en 2017. Javier Barajas, otro de estos familiares-activistas, ya había encontrado a su hermana, pero se mantuvo en la búsqueda de otras personas. Salvo esas excepciones, el resto de personas buscadoras murió sin conocer el paradero del ser querido ausente.
Este es otro saldo de la “guerra contra las drogas” que declaró el expresidente Felipe Calderón en 2006, que en 15 años ha dejado más de 85 mil personas desaparecidas. En 2012, al finalizar el sexenio de Calderón, 26 mil personas habían desaparecido. Al término del Gobierno de Enrique Peña Nieto en México habían 40 mil 180 personas desaparecidas. Durante el actual Gobierno han desaparecido más de 21 mil personas. Ante la ineficacia de las autoridades las familias son obligadas a salir a buscar.
Estas son —en orden cronológico— las 12 historias que el proyecto A dónde van los desaparecidos pudo documentar a partir de lectura de medios de
con Información de Sin embargo
