El gobierno ha emprendido una campaña de mentiras en su obstinación por la necrofilia ideológica, apuntando al estatismo energético, inoperable una de las economías más abiertas y en un m
El presidente de la República, tras haber fracasado en su intento por restituir el monopolio eléctrico, primero mediante un decreto a través de la Secretaría de Energía (SE), y posteriormente con la imposición de la Ley de Industria Eléctrica Nacional —ambas frenadas por el poder judicial dada su ilegalidad— intenta escalar el asunto ahora plasmándolo en la Constitución, otorgándole a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mayor control del mercado eléctrico, mermando la participación de los entes privados, eliminando los órganos reguladores del sector y anteponiendo insumos de producción contaminantes.
El bombardeo mediático gubernamental, acompañada de declaraciones nostálgicas al pasado nacionalizador, nos dice que la reforma nos devolverá la energía, que será en beneficio de los pobres, que será más barata y limpia, que viene a hacer justicia a la CFE tras su supuesto desmantelamiento y que abonará a la sustentabilidad ambiental; en resumen falsedad y retroceso.
La realidad dista profundamente de sus declaraciones, pues la reforma significa de facto el aniquilamiento del progreso obtenido en la transición energética y afectaciones en la competitividad, calidad y volumen de la energía de México; actualmente la paraestatal produce un 38% de la energía eléctrica consumida en el país, la reforma pretende aumentar y asegurar su producción al 54% del mercado, cediendo el resto a los privados, quienes padecerán la cancelación de sus permisos de auto-generación eléctrica y los contratos de compraventa, lacerando de paso la certidumbre de inversión del país. Cumplir la brecha al aumento en la producción eléctrica de la CFE atraviesa por el uso de sus instalaciones obsoletas, que se valen de insumos como el combustóleo y carbón, ambos altamente contaminantes y de mayor costo, mismo que será trasladado a los ciudadanos, sea vía aumento en el recibo o bien en el subsidio, teniendo además un impacto inflacionario. No se olvide que el presupuesto es un juego suma-cero, donde si se aumenta el subsidio, otras áreas relevantes pierden. Nuestra energía será más sucia y más cara.
Por otro lado, los expertos vaticinan nuevas oleada de apagones a lo largo del país, más constantes que las padecidas los años anteriores: En 2019 se presentaron apagones en Yucatán, Quintana Roo y Baja California afectando casi a 2 millones de personas; en el 2020 ocurrió el mega apagón, afectando a más de 10 millones en 17 estados y este año se acontecieron en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Todos atribuidos por falta de mantenimiento y capacidad instalada, misma que quieren sobrecargar.
Se nos dice que la CFE fue “desmantelada “ pero desde la aplicación de la reforma energética del sexenio pasado, la Comisión presentó un balance positivo con amplias utilidades, cuestión detenida al arribo del gobierno morenista, al punto que el año anterior comenzaron las pérdidas, tan sólo este año se acumulan por más 50,695 mdp.
Los otrora férreos críticos del priismo autoritario, se obnubilan a favor de cederle poder a la CFE, con Manuel Bartlett a la cabeza, quien fue actor durante el “Halconazo”, hacedor del fraude del 88, parte del gabinete de los presidentes “neoliberales” del siglo anterior, y cuyos familiares lucraron ventajosamente con la actual pandemia, ¿confiamos en darle más poder a un personaje tan impoluto como él?
Los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, serán eliminadas y sus funciones absorbidas por la CFE y la SE, tornando al gobierno en jugador y árbitro del mercado. Contraviniendo disposiciones de tratados internacionales pactados por el país.
con Información de El Universal
