Conchita tenía 12 años cuando salió de su pueblo, huyendo de la tradición de ser entregada en matrimonio a don Jorge, un señor que estaba de paso por la zona, donde la empresa para la que trabajaba construía un camino.
A su corta edad, Conchita veía cómo vivían sus hermanas, sus primas, sus amigas de la infancia, y decidió que no quería repetir esas historias, tan comunes en su pueblo, Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en La Montaña de Guerrero.
Un día escuchó que su papá y Don Jorge arreglaban su matrimonio. Le lloró a su mamá y le pidió ayuda para irse del pueblo; y como pudo, salió huyendo del destino que muchas niñas tienen.
Llegó a Chilpancingo y desde ese día empezó a buscar trabajo; la contrató una comerciante del mercado que necesitaba quien le ayudara a cuidar a su bebé mientras ella atendría a sus clientes, pero por las tardes estudió su bachillerato y luego concluyó la licenciatura en Enfermería.
Hoy visita a su familia, pero siente tristeza porque su padre aún no le perdona haberlo avergonzado al no cumplir con el trato que había asumido con Don Jorge.
La triste historia de Conchita es la de muchas niñas de varias comunidades indígenas de la región de La Montaña.
La triste historia de Conchita es la de muchas niñas de varias comunidades indígenas de la región de La Montaña.
La venta de niñas fue nuevamente visibilizado luego de que los medios de comunicación dieron a conocer un una mujer perdió a sus trillizos tras ser agredida por un policía comunitario cuando le llevó de comer a sus hijas y a su madre, quienes habían sido detenidas.
La detención fue a petición del suegro de Angélica, una niña de 15 años que había sido vendida y entregada en matrimonio a los 13 años en la comunidad de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, municipio de La Montaña.
El esposo de la menor se fue a trabajar a Estados Unidos y la niña se quedó en casa de sus suegros; cuando el suegro intentó violarla por cuarta ocasión, ella no lo permitió y escapó, por lo que el suegro denunció que la menor no le obedecía y que la iba a regresar, pero pedía que le pagaran más de 200 mil pesos, por lo que había dado de ’dote’.
La familia le dijo que no tenía dinero y por eso fueron encarceladas tres menores y su abuela.
Ese hecho atrajo la atención de los medios de comunicación y se dio a conocer a nivel nacional.
Esa práctica espera ser erradicada con cursos de capacitación y talleres de concientización, según lo dicho por la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, quien reconoció que esa estrategia no será suficiente, ’pero por algo se debe empezar’.
Mientras, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha sentenciado: ’Nunca más la venta de niñas en Guerrero’, y anunció que solicitará el apoyo de ONU-Mujeres para trazar una estrategia que permita avanzar en el combate a ese tipo de violencia hacia las niñas de la zona indígena de Guerrero.
Todo eso a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su última visita a Guerrero, minimizó la problemática que viven las niñas en las comunidades, al considerar que la venta de menor es una excepción, porque los indígenas tienen muchos valores, y más recientemente en una de sus mañaneras expresó: ’no es motivo para cuestionar a nadie’.
Por su parte, Marina Reyna Aguilar directora de la Asociación Contra la Violencia Hacia las Mujeres, lamentó que las cifras oficiales no reflejen en nada la realidad que viven las niñas de comunidades indígenas que siguen siendo víctimas de la trata de personas, que si es un delito y debe ser castigado.
